Las protestas y reivindicaciones callejeras están alterando la tradicional paz social que, en general, ha caracterizado a Europa. Países como Francia, España, Bélgica,
Italia, Grecia, Portugal, Alemania o Albania acaparan hasta el momento las manifestaciones más numerosas. Las acciones violentas y saqueos llevados a cabo
por grupos radicales en Barcelona, Madrid, París, Limoges y Bilbao desvían el foco de la atención mediática y deslegitiman las reivindicaciones sociales subyacentes,
provocando que el debate público gire en torno al orden público, en lugar de los problemas de origen.
En España, a la señalada inestabilidad social se le une una confrontación política sin precedentes en el último medio siglo. El país está fracturado política y mediáticamente y la rotura va afectando poco a poco a la sociedad. Sin ir más lejos, resultan inquietantes los enfrentamientos entre vecinos y grupos de violentos encapuchados en Bilbao, ante la inacción de las autoridades.
El espíritu de concordia, diálogo, entendimiento y consenso que presidió la transición en España está siendo sustituido, lamentablemente, por el rencor, la venganza, el odio y las malas formas.
Todo esto se ha hecho patente en Ceuta, con una incapacidad manifiesta para ofrecer una imagen de unidad en la defensa de ese territorio frente la invasión padecida el pasado verano. De ahí que resulte preocupante la pasividad del Estado ante la agresión sufrida en uno de sus territorios extrapeninsulares.
En medio de este marco general, los ciudadanos hemos sido convocados ante las urnas el próximo 29 de noviembre para elegir a nuestros representantes en las Cortes
Generales. Para quienes vivimos en las Islas, surge una nueva oportunidad de sumarnos a la ola de intereses y confrontación que protagonizan los partidos de Estado o, por el contrario, darle a Canarias presencia, voz y fuerza en Madrid.
Nuestro Archipiélago es el único territorio del Estado español que tiene un reconocimiento singularizado en la Unión Europea, que supone la aplicación modulada en las Islas de su normativa. La geografía nos sitúa en el Atlántico Medio, a más de mil kilómetros de Cádiz y a cien de la costa africana más próxima. Sin ríos, pero con
galerías y pozos. Con una biodiversidad propia. Y con una dependencia absoluta en cuanto a las comunicaciones aéreas y marítimas. De ahí que resulte evidente la
necesidad de adaptar la legislación del Estado a las peculiaridades de las Islas.
Lamentablemente, en las estructuras de los grandes partidos de Estado (PP, PSOE, Vox…) la capacidad de influencia de sus representaciones insulares es muy limitada,
por no decir que nula. El margen que tienen para exigir la aplicación de las políticas diferenciadas que contemplan las constituciones de Europa y España es muy escaso.
Por todo ello, Canarias necesita voces que martilleen permanentemente, en el Congreso y en el Senado, los derechos que tanto la normativa europea como la
española reconocen a nuestras Islas.
Ante esta situación, el próximo 29 de noviembre tendremos la oportunidad de sumarnos al circo que están protagonizando los partidos de Estado o, por el contrario,
apoyar a partidos canarios que puedan defender, sin ataduras, nuestras singularidades y diferencias con el continente.
