Como ya se ha repetido muchas veces, aunque lamentablemente sin el menor éxito, el gran problema o enfermedad ética de la sociedad actual en España y en Canarias es la corrupción al por mayor y al por menor. Está en el origen de los males políticos, sociales y personales que padecemos. Pero también es cierto que, al menos en lo que se refiere a la corrupción de los políticos, obedece a haber acabado previamente con la división real de los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, amalgamándolos con la batidora del sectarismo.
Algunos políticos están poniendo énfasis en el gran número de personas aforadas, a mi entender por puro oportunismo, pero sin creérselo. El problema real, que no mencionan, es la necesidad de obtener el suplicatorio para que uno de ellos sea juzgado. Un aforismo popular dice que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. O no, apostillaría Rajoy. El aforamiento no debería significar impunidad sino tan sólo que determinados hechos serán juzgados por un tribunal superior, teórica y probablemente menos cercano o menos “sensible” a locales presiones políticas y sociales sobre los juzgadores, procurando la imparcialidad.
Conviene tener presente que cuando se habla de tribunales de justicia en los foros públicos, no se están refiriendo a la virtud cardinal que establece el deber de dar o restituir al prójimo lo que es debido, con equidad respecto a los individuos y al bien común, sino que se habla de derecho, de un conjunto voluminoso de normas más o menos farragosas y con frecuencia incongruentes e incomprensibles que producen los propios políticos en el legislativo.
Es difícil, por ejemplo, entender las prescripciones de los delitos. Aunque lo diga un papel, como dice la canción, ¿cómo puede entenderse y aceptar que el Tribunal Supremo archive una de las investigaciones abiertas a Miguel Zerolo por estar prescritas, al ser los hechos anteriores a 2005? También resulta incomprensible aceptar como compatible con la idea que los ciudadanos tenemos de Justicia, que los abogados defensores de los imputados en el Caso Corredor, entre los que figura Fernando Clavijo, hayan pedido la nulidad del proceso porque alguien haya “extraviado” el auto que autorizaba las escuchas telefónicas.
Las demoras y olvidos en los procedimientos judiciales, sobre todo cuando hay políticos implicados, son legendarias. Un análisis elemental basado en el sentido común y en la ciencia que estudia la organización y gestión de empresas y administraciones, deduciría fácilmente que hay un problema metodológico y no de falta de personal o dinero, como los interesados del aparato judicial suelen decir. A un sistema ineficiente y obsoleto no se le hace funcionar mejor incorporando más gente ni construyendo grandes Palacios de Justicia, la ley inexorable de los rendimientos decrecientes actúa. A la vista, para quien quiera verlo, está el descrédito.
Para arrimar el ascua demagógica a su sardina, algunos políticos utilizan zafiamente la mal función y las legendarias demoras judiciales. Por ejemplo, cuando Paulino Rivero pide la suspensión cautelar de las prospecciones, cuenta con que el asunto se verá en los tribunales cuando las ranas críen pelo y hayan pasado las elecciones. Después de mí, el diluvio, pensará. También cuenta con la falta de reproche social y judicial que tiene el insinuar prevaricaciones diciendo que hay una “alianza de intereses” entre Repsol y parte del Ministerio de Industria, con la doctrina del “autoritarismo y el pensamiento único”. Nunca dejará de sorprender Rivero a propios y extraños con sus profundos pensamientos, tan intensos que, en lo del pensamiento único, ha logrado hasta “unificar” a José Miguel Pérez en el cambio de criterio
