Las relaciones entre España y Marruecos no pasan por su mejor momento; bien al contrario, está viviéndose uno de los momentos más críticos de los últimos lustros. Los gravísimos incidentes que se produjeron en la frontera de Ceuta, la permisividad con la que la policía marroquí está llevando a cabo el control de la migración clandestina o la prohibición de llevar a cabo la Operación Paso del Estrecho a través de los puertos españoles certifican la falta de sintonía entre el Gobierno de Sánchez y el Rey Mohamed VI.
De mantenerse la prohibición de las autoridades marroquíes de utilizar los puertos del sur de España a más de tres millones de ciudadanos y alrededor de setecientos cincuenta mil vehículos que cada año transitan entre los países europeos que los acogen y su país de origen –para disfrutar de las vacaciones y visitar a las familias– sería un mazazo más a la maltrecha situación económica de una de las zonas más deprimidas del Estado.
La diplomacia española o no está teniendo suerte o no está haciendo bien su trabajo. Por el norte, los británicos ven frenada su movilidad hacia España por las restricciones impuestas por el Gobierno de Boris Johnson, prolongando así el castigo al sector turístico; por el sur, el cierre de Marruecos a los tráficos provenientes de los puertos españoles constituye un freno a la ansiada recuperación económica de una zona que esperaba como agua de mayo el dinamismo de la actividad que ha generado siempre el paso de millones de personas a través del Estrecho.
Marruecos es un socio preferente de la Unión Europea, condición que le otorga importantes beneficios comerciales y económicos, producto de la solidaridad de los países que forman parte de la UE. Sorprende la escasa capacidad que tiene España para comprometer al resto de los países que forman parte de la UE para llevar a cabo una política global en las relaciones con Marruecos. Por su población y economía, después de Alemania e Italia debería ser España el país más influyente en el seno del club europeos; sin embargo, la realidad es bien distinta.
La sensación es que la diplomacia española no ha reaccionado con energía ante la decisión del Gobierno marroquí de prohibir el tránsito de sus emigrantes desde los puertos de Algeciras,Tarifa, Motril, Almería y Ceuta –que nos separan apenas una hora por barco de Marruecos– obligándolos a llevar a cabo trayectos que superan la docena de horas desde los puertos de Marsella, Sète o Génova.
Ni una mala palabra, ni una buena acción. Así podríamos resumir la posición que hasta ahora ha mantenido públicamente el Gobierno de España ante este nuevo desaire de las autoridades marroquíes. A pesar de las quejas y denuncias expresadas por representantes de los puertos españoles afectados, que han visto frustrados sus planes de recuperación para este verano, el Gobierno de España guarda silencio.
Sin embargo, sí se ha oido con fuerza al presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, Mohamed El Gheryb. “Pedimos al Gobierno marroquí que piense en sus ciudadanos y retroceda porque es una decisión errónea e injusta”, ha declarado, intentado que se reconducían una situación tremendamente gravosa para los suyos, porque el trayecto desde los puertos franceses o italianos es infinitamente más largo y multiplica por siete el costo económico.
Tal y como están las cosas, hay depositada más confianza en la presión que están ejerciendo las empresas turísticas británicas para que su gobierno abra fronteras hacia España o en la labor que ejercen los emigrantes marroquíes para la utilización de los puertos españoles que en la acción de la diplomacia española. Algo no está haciéndose bien. Algo debe cambiar en la política exterior del Gobierno de España.
