La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha rechazado este martes en el Parlamento de Canarias que el anuncio de la ley que regulará el uso turístico de viviendas haya producido un ‘efecto llamada’, puesto que en la actualidad el alquiler vacacional crece a un ritmo del 7,95%, frente al aumento del 60% que registró en la pasada legislatura, entre 2019 y 2023. Un período en el que no se promovió ninguna iniciativa para regular la actividad.
“Este equipo de Gobierno, desde que llegó hace nueve meses, es el que ha tenido la valentía de ponerse manos a la obra y regular un fenómeno que debió ordenarse hace mucho tiempo para recuperar el equilibrio entre la actividad y el residente”, explicó.
De León subrayó que “desde el pasado 28 de noviembre, cuando se anunció la consulta pública, hasta al 20 de mayo de este año, el crecimiento fue del 18,27%”. Este aumento, prosiguió, se ha producido en otros destinos del territorio nacional, debido a la falta de regulación, pero también, a una Ley de Vivienda Estatal “que desprotege a los propietarios y ha sacado del mercado el 40% de las viviendas residenciales”.
En este escenario apuntó que “desde principios de año, y en solo cinco meses, la vivienda vacacional ha crecido en Madrid un 29%, en Barcelona un 11% y en Málaga un 30%”. De acuerdo con los datos actualizados, actualmente existen en Canarias 66.972 viviendas vacacionales y 273.157 plazas.
En este sentido, pidió a los grupos parlamentarios responsabilidad a la hora de referirse a esta iniciativa legislativa, para evitar mensajes alarmistas que generan preocupación a la población.
La responsable autonómica remarcó que la ley no viene a prohibir la actividad y que tampoco supondrá el fin de las viviendas vacacionales ya existentes, pero es necesario establecer unos límites cuantitativos y cualitativos para ordenar el fenómeno.
La consejera afirmó también que el proyecto de ley llegará a la Cámara autonómica antes de que finalice el año, donde el texto podrá enriquecerse con las aportaciones que realicen todos los grupos, de los que -dijo- espera una actitud constructiva y propositiva.
Otra de las cuestiones sobre las que la responsable de Turismo se pronunció fue el carácter participativo de la futura ley, subrayando que “se ha abierto un diálogo permanente con la sociedad en todas las islas”. Además, añadió que se han mantenido distintos encuentros con todos los sectores afectados, desde la Federación Canaria de Municipios (FECAM); la Federación Canaria de Islas (FECAI); la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC); la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) hasta los colegios profesionales, patronales turísticas y otros agentes implicados.
La consejera detalló que “fruto de la consulta pública se obtuvieron 5.083 aportaciones y una vez finalizado el plazo de información pública y trámite de audiencia se han registrado más de 3.000, de las cuales 1.000 ya han sido clasificadas”.
