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Existe la opinión generalizada de que Canarias debe apostar por un turismo de más calidad. Un turismo que aporte más gasto y ponga en valor, además del sol y la playa, las extraordinarias condiciones con las que la naturaleza agració a nuestras Islas.
Evidentemente, lo que nos convierte en uno de los destinos turísticos más importantes del planeta es el clima. Su benignidad, prácticamente durante todo el año, permite competir con destinos de mucho arraigo en Europa y el mundo. Junto al clima, la seguridad y las infraestructuras y servicios del primer mundo nos dotan de unas condiciones competitivas inmejorables.
Además, la limpieza de nuestro cielo, la calidad de las aguas que bañan el Archipiélago, la diversidad paisajística y una biodiversidad marina y terrestre casi única en el mundo, complementan a la perfección la oferta de sol y playa.
Todos coincidimos en pedir menos cantidad y más calidad. Pero, aunque el aserto suene muy bien, la pregunta es si estamos trabajando en la dirección correcta para conseguir los niveles de excelencia exigibles a la calidad.
Es obvio que hoy necesitamos cantidad y calidad. Cantidad, porque hay que mantener los puestos de trabajo y la actividad económica que genera una buena ocupación de la planta alojativa. Y calidad, porque nuestra oferta de cuatro y cinco estrellas se ha visto ampliada en las dos últimas décadas, con otra de carácter complementario, muy variada: gastronomía, ocio, deportes acuáticos, golf, senderismo, turismo activo, bienestar, cultura, compras…
¿Es compatible el ritmo de crecimiento poblacional en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura con esa apuesta por la calidad y la excelencia turística? Para una amplia mayoría social está claro que no.
Afortunadamente, en los albores de nuestra autonomía, tanto el Gobierno como el Parlamento impulsaron diferentes leyes de protección del territorio que han servido para garantizar la preservación de más de un 40% de los recursos naturales del Archipiélago. El suelo es finito y, por ello, un bien muy preciado. Es nuestro petróleo. Nuestro oro y nuestra plata. De ahí la necesidad de una supervisión pública en cuanto a su uso y desarrollo.
Hasta hace algunas décadas teníamos la necesidad de crecer para recuperar los treinta años de distancia en desarrollo y bienestar que nos llevaba la España continental. La cantidad primaba sobre la calidad. Sin embargo, la sensación de saturación que hoy percibimos invita a reflexionar y tomar decisiones que garanticen el equilibrio social y económico de las Islas.
El dictamen del “ojímetro” es contundente: si seguimos creciendo de la manera que lo estamos haciendo, terminaremos colapsando. Carreteras repletas, servicios públicos desbordados, con la sanidad y la protección social al límite, incremento de la bolsa de pobreza en zonas turísticas y la sensación de que empezamos a ser más que los que realmente cabemos en este territorio fragmentado.
Pero todo ello nos sitúa ante un tema tabú para la sociedad isleña: nadie lo tiene sobre la mesa como una prioridad en su agenda de trabajo. Partidos políticos, empresarios y sindicatos lo consideran un tema inadecuado e incómodo para debatir y contrastar opiniones.
Sin embargo, puede que algo esté empezando a cambiar. Hace veinticinco años, daba cierto rubor y vergüenza someter a debate —o simplemente mencionar— la necesidad de controlar los crecimientos poblacionales, por el riesgo de que se convirtiera en el mayor problema para garantizar la sostenibilidad social, económica y patrimonial de las Islas.
Por eso resulta esperanzador que, aunque tímidamente, este asunto empieza a aparecer en algunos foros, por más que su abordaje pueda pisar muchos callos dentro de la mayoría de los sectores económicos de Canarias.
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