Mucho se habla, se polemiza y se pancartea sobre la lucha contra la contaminación generada por el hombre –y la mujer, dicho sea para no sulivellar a las hembristas y ser totalmente inclusivos- sobre el medio ambiente. Y eso está muy bien, sobre todo cuando se conciencia en las escuelas y en el seno familiar a los niños que gestionarán el problema cuando sean adultos.
También se ha hablado sobre la contaminación lumínica, sobre todo en zonas cercanas a los observatorios astronómicos. Y eso también es bueno, porque las autoridades públicas han sido impelidas a tomar medidas para limitarla, aumentando la eficacia y la direccionalidad de las luminarias de alumbrado público, a la vez que ahorran energía eléctrica.
Tampoco han faltado voces y estudios científicos sobre las molestias y problemas para la salud que puede generar la llamada contaminación acústica. La respuesta de los políticos, al menos en España, ha sido publicar miles de páginas en los boletines oficiales, más de un millón de páginas en total evacuaron nuestros parlamentos, pero que no han servido para limitar o acotar el grave problema para la salud pública. Pocas veces se aplican, son sólo para quedar bien.
En Canarias, para este asunto, se dispone de legislación europea, nacional, autonómica y local para dar y tomar, pero que generalmente no se aplica y cuando se hace suele ser para fines, para decirlo suavemente, distintos para la que fue dictada. Con demasiada frecuencia, es la propia administración quien incumple la normativa que debiera cumplir y hacer cumplir. Por ejemplo, con los vehículos pesados municipales o cabalgatas varias ruidosos o a deshoras.
Este, insisto, serio problema de salud pública se reproduce en casi cada espectáculo callejero, festival o verbena al aire libre. También, y eso es aún más grave, en teatros y recintos cerrados. Mas de una vez he tenido que salir del Teatro Guiniguada y de algunas salas de cine porque el volumen sonoro sobrepasaba con creces los 90 dB acústicos que como máximo permite la normativa y la ordenanza municipal.
A modo de sugerencia inicial, me permito apuntar dos mecanismos para ir erradicando esta lacra, dado que ni tirios ni troyanos parecen tener intención de atajar. Ya se han publicado algunas medidas, este mismo columnista lo ha hecho en varias ocasiones. Pero ahora que se acerca el verano, donde proliferan los actos al aire libre, con ventanas cerradas para soportarlos, es el momento de tomar medidas en favor de los sufrientes convecinos.
La primera medida, inmediata y gratuita, podría ser el que los policías locales se descargaran en sus teléfonos móviles una aplicación de sonómetro y que les impartieran unos mini cursos sobre la forma práctica y técnica de tomar medidas. No se trata de saber exactamente el número de dB con los que algunos mal llamados “técnicos de sonido” nos torturan, sino tener una idea razonablemente aproximada del impacto acústico y advertir de los excesos a los responsables. Eso no excluye que, por ejemplo, el Cabildo disponga de técnicos y de aparatos muy bien calibrados para hacer mediciones exactas cuando sean requeridos para ello y puedan levantar actas. La problemática es general, superando el mero ámbito municipal.
Mientras tanto, se pudieran aprobar disposiciones que obliguen a las empresas de sonorización a instalar en sus altavoces registradores acústicos de toda la sesión, para evitar que si los agentes les llaman la atención, los bajen un ratito y vuelvan a subirlos, como es práctica
