El futuro de la conectividad de Canarias con el exterior vuelve a situarse en el centro del debate europeo. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha logrado el respaldo inicial del comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, para mantener más allá de 2030 la exención del sistema de comercio de emisiones (ETS) en el transporte aéreo y marítimo del archipiélago. Sin embargo, la decisión final dependerá de los responsables comunitarios de clima y transición ecológica, en un contexto marcado por los objetivos de descarbonización de la Unión Europea.
Más allá del respaldo político, lo que está en juego es el modelo de movilidad de un territorio fragmentado y ultraperiférico, cuya dependencia del avión y del transporte marítimo es estructural.
Un impacto directo en precios y economía
El Gobierno de Canarias ha puesto cifras sobre la mesa para justificar su posición. Según un informe encargado por el Ejecutivo, la aplicación plena del ETS supondría un encarecimiento inmediato del transporte: entre 2 y 3 euros por trayecto interinsular y hasta 20 euros en los vuelos con la península.
El efecto no se limitaría a los pasajeros. En una región donde cerca del 90% de los bienes se importan por vía marítima, el incremento de los costes logísticos tendría un impacto directo en el precio de los productos básicos, tensionando aún más el coste de la vida en el archipiélago.
En este escenario, la exención se plantea como un instrumento de equilibrio territorial más que como una ventaja competitiva.
Transición ecológica vs. cohesión territorial
La negociación con Bruselas se enmarca en la revisión del sistema europeo de emisiones, una de las piezas clave del Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es reducir las emisiones en un 55% en 2030 y avanzar hacia la neutralidad climática en 2050.
Este proceso abre un dilema de fondo: cómo compatibilizar la ambición climática con la realidad de territorios como Canarias, sin alternativas de transporte terrestre.
Clavijo ha defendido que la transición energética no puede aplicarse con criterios homogéneos en toda la Unión Europea. En el caso de las regiones ultraperiféricas, amparadas por el artículo 349 del Tratado de la UE, reclama una adaptación permanente que tenga en cuenta su aislamiento geográfico.
“La descarbonización no puede traducirse en aislamiento”, viene a ser la idea central trasladada por el Ejecutivo canario en Bruselas.
Puertos en desventaja y riesgo de deslocalización
Uno de los efectos menos visibles del actual sistema ya se está dejando notar en el ámbito portuario. Las rutas marítimas entre Canarias y Europa están sujetas al pago completo de emisiones, mientras que otras conexiones internacionales solo abonan una parte.
Esta diferencia está generando distorsiones competitivas que, según el Gobierno canario, están incentivando el desvío de rutas hacia puertos africanos, con el consiguiente riesgo para la actividad económica del archipiélago.
La corrección de este desequilibrio se ha convertido en otra de las prioridades de la agenda Canaria en Bruselas.
Turismo y vivienda: el debate se amplía
El encuentro con el comisario europeo no se limitó al transporte. Canarias también busca influir en la futura Estrategia Europea de Turismo Sostenible, con el objetivo de que contemple medidas específicas para territorios insulares.
Entre ellas, el Ejecutivo plantea la posibilidad de limitar la compra de viviendas por parte de no residentes, una medida que conecta con el creciente debate sobre la presión turística y el acceso a la vivienda en las islas.
La Comisión Europea se ha mostrado abierta a incorporar la singularidad de las regiones ultraperiféricas en este marco, aunque el desarrollo concreto de estas medidas sigue en fase de definición.
Fondos europeos y transición energética
En paralelo, Canarias mantiene otro frente abierto con Bruselas: la ejecución de los fondos Next Generation destinados a energías renovables.
El Gobierno autonómico ha solicitado una prórroga en los plazos para justificar estas inversiones, alineándose con la posición del Ejecutivo español. Aunque la Comisión Europea rechaza, por ahora, ampliar los tiempos, sí estudia fórmulas alternativas para garantizar proyectos en marcha por valor de más de 200 millones de euros.
La resolución de este expediente será clave para sostener la estrategia energética del archipiélago en los próximos años.
Un momento decisivo
La decisión sobre la continuidad de la exención del ETS se conocerá previsiblemente antes del verano, coincidiendo con la evaluación que la Comisión Europea está realizando sobre su aplicación en el transporte.
Para Canarias, no se trata solo de una cuestión técnica, sino de una decisión estructural que condicionará su competitividad, su cohesión social y su integración efectiva en el espacio europeo.
En este contexto, el respaldo inicial logrado por Clavijo supone un paso relevante, pero insuficiente en un proceso donde la última palabra aún está por escribirse.
