La COVID-19 continúa desbocada. Alrededor de 36 millones de personas afectadas y más de un millón de muertos en todo el mundo así lo confirman, mientras en España nos acercamos al millón de contagios y los muertos superan los cincuenta mil. Aquí, en nuestras Islas, alrededor de quince mil son las personas contagiadas y nos aproximamos a los doscientos cincuenta fallecidos como consecuencia directa del virus. Éste es el cuadro sanitario en el que estamos, que tiene en los ámbitos laboral y social los escenarios colaterales.
Los ERTEs, los créditos ICO y las distintas ayudas de protección social impulsadas por el conjunto de las Administraciones Públicas mantienen engañosamente las constantes vitales de una economía que está a fecha de hoy muerta. Los motores que hacen funcionar a la economía canaria —las zonas turísticas– son páramos que asustan por su tristeza y soledad, por la percepción de un inminente deterioro. Decenas de miles de familias que tiene sus empleos en hoteles, apartamentos, viviendas turísticas, bares, restaurantes, comercios, taxis, guaguas, centros de belleza, peluquerías, discotecas, parques de ocio y un interminable etcétera viven con la angustia y la incertidumbre respecto a sus puestos de trabajo. En estos momentos todo está en el aire.
El turismo y los transportes son los sectores más castigados por las restricciones a la movilidad como instrumento más empleado para contener a la pandemia. Evidentemente, a Canarias le beneficia su situación geográfica, su condición insular, porque permite llevar a cabo un control efectivo de sus puertas de entrada y de salida —puertos y aeropuertos—; sin embargo, nuestro Archipiélago se ve perjudicado por una gran dependencia del exterior —dependemos de cómo evolucione la pandemia en países emisores de turistas, pilares de nuestra economía—.
En el contexto descrito, ¿podemos y debemos hacer algo para sacar a nuestra economía de la parálisis provocada por la COVID-19? Evidentemente, sí.
La primera lección que nos deja los efectos de la pandemia es la importancia del turismo para la economía, el bienestar y la vida en nuestra tierra; una actividad, la turística, en ocasiones demonizada desde determinados ámbitos sociales.. Por lo tanto, es una buena oportunidad para poner en valor en nuestra sociedad la importancia estratégica que este sector tiene para el bienestar de los que aquí vivimos.
Por otra parte, y por esa razón, todos tenemos que contribuir a que Canarias sume a los valores ya reconocidos del clima y del paisaje el de mostrarnos al mundo como un territorio sanitariamente capaz en la lucha contra el virus. Para reposicionarnos en los mercados turísticos Canarias debe ofrecer los mejores datos comparativos, generando confianza a los visitantes y a sus gobiernos.
Indudablemente, será necesario el compromiso individual y colectivo de todos y el esfuerzo del Gobierno de Canarias, el de los cabildos y el de los empresarios, para llevar a cabo pruebas masivas en la población, controles que certifiquen la solvencia sanitaria de las Islas en la contención del virus. Alguien debe dar un paso al frente y liderar el proceso.
Los test masivos llevados a cabo en la población canaria y el control sanitarionos reposicionaran como un destino seguro en Europa. Esa será nuestra mejor carta de presentación ante el mundo del turismo.
El compromiso y el esfuerzo en Canarias debe estar complementado con un estricto control en la entrada y salida de nuestros puertos y aeropuertos. Canarias debe ser una garantía para todos aquellos que nos visitan. Y, al mismo tiempo, Canarias debe minimizar el riesgo de contagio que entraña para su bienestar y, por lo tanto, para su economía, la llegada de pasajeros a través de puertos y aeropuertos.
Es incomprensible que casi cinco meses después del levantamiento del estado de alarma aún no tengamos unos protocolos claros y seguros para la entrada y salida de las Islas. Ahora, más que nunca, Canarias tiene que hacer valer su condición de Región Ultraperiférica ante los Gobiernos de España y de la Unión Europea. Sólo hace falta liderar una propuesta razonable y una buena dosis de voluntad política porque el sentido común lo aconseja, lo recomienda y lo exige.
