Coalición Canaria llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana una moción para reclamar al Gobierno de España que modifique la normativa estatal y permita que el complemento autonómico a las pensiones no contributivas no compute como ingreso económico.
La propuesta, presentada por el portavoz de Coalición Canaria, Alejandro Marichal, busca proteger a miles de personas mayores y personas con discapacidad que viven con ingresos mínimos y que actualmente pueden ver reducida o incluso anulada su pensión por recibir esta ayuda complementaria impulsada por el Gobierno de Canarias.
En Canarias existen actualmente cerca de 42.000 personas beneficiarias de pensiones no contributivas, según datos oficiales del IMSERSO correspondientes a 2026, entre pensiones de jubilación e incapacidad. En el caso de San Bartolomé de Tirajana, y tomando como referencia la población del municipio y la proporción autonómica de beneficiarios, la estimación ronda el millar de vecinos y vecinas que podrían verse beneficiados directamente por esta modificación normativa.
La moción de Coalición Canaria busca evitar que las personas mayores y las personas con discapacidad que cobran una pensión no contributiva puedan perder parte de su prestación por recibir una ayuda del Gobierno de Canarias destinada precisamente a mejorar su situación económica.
Actualmente, el Ejecutivo autonómico ha aprobado un complemento de 400 euros anuales para ayudar a las personas con menos recursos. Sin embargo, la normativa estatal puede considerar esa ayuda como un ingreso adicional y provocar que se reduzca la pensión estatal.
“Lo que estamos pidiendo es algo de sentido común: que una ayuda social no termine castigando a quien más la necesita”, explicó Alejandro Marichal. “Si una persona mayor recibe una ayuda de Canarias para poder afrontar mejor el coste de la vida, no puede ocurrir que después el Estado le quite dinero de su pensión”.
Marichal señaló que esta situación afecta especialmente a personas mayores que cobran prestaciones mínimas tras toda una vida de dificultades económicas, así como a personas con discapacidad que dependen de estas ayudas para afrontar gastos básicos como la alimentación, la vivienda o los medicamentos.
“Defender Canarias también significa defender a quienes más necesitan apoyo. No podemos permitir que una ayuda pensada para aliviar la situación de las familias termine convirtiéndose en un problema por culpa de una normativa estatal que no tiene en cuenta la realidad de las islas”, afirmó.
La moción también reclama al Gobierno de España que adapte la normativa estatal a las singularidades de Canarias como región ultraperiférica, marcada por la insularidad, la lejanía y el mayor coste de la vida.
Con esta iniciativa, Coalición Canaria defiende que las políticas sociales impulsadas desde Canarias puedan desplegar plenamente sus efectos y llegar de forma real y efectiva a las personas que más lo necesitan.
