Coalición Canaria-PNC demanda al Gobierno de Canarias que active, cuanto antes, medidas de carácter urgente para la grave situación que ya están viviendo los servicios sociales de muchos municipios. Los nacionalistas alertan sobre el preocupante incremento de demanda de alimentos, fármacos, asesoramiento y consultas para gestionar ayudas económicas de emergencia que están registrando los servicios sociales municipales de las localidades de mayor población y proponen que se articulen medidas que, igual que han permitido la contratación de profesionales sanitarios por la vía de la urgencia y la excepcionalidad, también se contrate, para ayuntamientos y Comunidad Autónoma, personal que agilice y tramite las ayudas a las familias.
Para la diputada nacionalista en el Parlamento de Canarias, Cristina Valido, más allá del anuncio de una Renta Básica de Emergencia, es necesario activar medidas de carácter urgente para las miles de familias que “no saben cuando cobrarán y no tienen recursos para la compra diaria” y para las que “acudir a sus ayuntamientos es la primera opción pero estos están desbordados sin el personal necesario para gestionar y contrastar la información que les permita gestionar una ayuda económica en tiempo y forma para alguien que está en situación de extrema necesidad”.
Valido asegura que “que de la misma forma que se trabaja en evitar el colapso del sistema sanitario” hay que trabajar para evitar el colapso de los servicios sociales “porque de su funcionamiento dependen miles de personas que necesitan recibir ayudas a las que tienen derecho” y advierte que “la transferencia de fondos económicos de unas administraciones a otras sin personal para poder ejecutarlo no será suficiente”. Un problema, añade, que también afecta a la Comunidad Autónoma cuyo personal, también sobrepasado, debe hacer frente a las PCI y a las pensiones no contributivas que, en muchos casos, “son el único ingreso de muchas familias”.
Para los nacionalistas, es necesario que, cuanto antes, se articulen medidas en el ámbito técnico y jurídico “tal y como se ha hecho ya para la contratación de sanitarios en todo el Estado” que posibiliten la contratación sin restricciones de personal en los servicios sociales para la atención a la ciudadanía, evitando un colapso mayor y el incumplimiento de plazos y derechos recogidos en la ley y en la propia Constitución.
