Ha sorprendido, y mucho, el nuevo Gobierno español diseñado por Pedro Sánchez. Especialmente por la mayoritaria presencia de mujeres y porque éstas van a dirigir el núcleo duro de las políticas económicas. Por la mezcla de juventud y experiencia. Por los equilibrios en el ámbito de la actual crisis territorial, con un ministro de Exteriores que se ha significado en la primera línea de lucha contra los independentistas catalanes y una más federalista responsable de Política Territorial y Función Pública. También haciendo guiños incluso a sectores más conservadores.
Es un Gobierno moderado de centro izquierda, claramente europeísta -a diferencia de lo que está sucediendo en Italia-, con personas de alta cualificación en distintas áreas de conocimiento, que mezcla militantes socialistas con independientes y que parece tener vocación de continuidad, al menos, hasta finales del año 2019, seis meses después de la celebración de las elecciones locales, autonómicas y europeas.
Un Gobierno que nace de una legítima y necesaria moción de censura. Un proceso democrático, parlamentario, constitucional, que se hizo muy pertinente, desde los planos políticos y éticos, tras la contundente sentencia del caso Gürtel. Una moción que Nueva Canarias (NC) apoyó, con el voto de su diputado Pedro Quevedo, por razones éticas y cumpliendo además el compromiso que establecimos con el PSOE en 2015 y 2016 y que, junto a un programa común que incluía una detallada agenda canaria, recogía el apoyo a la investidura del candidato Pedro Sánchez.
La designación de los ministerios y el conjunto del proceso vivido desde la moción de censura ha llevado consigo un verdadero terremoto político, impredecible hace apenas una semanas. Con la dimisión del anterior titular del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de sus funciones como presidente del PP y la apertura de un proceso de renovación del liderazgo del partido conservador
Al PP le ha venido bien que Rajoy no dimitiera como presidente del Ejecutivo en los días de la moción, lo que probablemente le hubiese llevado a unas elecciones anticipadas en sus peores condiciones desde hace décadas, muy erosionado en su imagen pública y con un contrincante en crecimiento –y con mucho apoyo económico y mediático- en el ámbito de la derecha estatalista.
Excesivas prisas
Más perjudicado con la moción de censura y el acceso de Sánchez al Gobierno parecen haber resultado Albert Rivera y Ciudadanos (Cs), que dan la impresión de haber quedado noqueados. Las excesivas prisas y su fe ciega en favorables sondeos les llevaron a dar por finiquitada la legislatura tras el conocimiento de la sentencia sobre Gürtel, ayudando, supongo que involuntariamente, a legitimar aún más el audaz paso adelante del líder socialista y a que ahora tengan que pelearse, con un PP en recomposición, por el mismo espacio de derechas sin las buenas perspectivas que tenía Cs hace unas semanas.
Tampoco Unidos Podemos ha quedado muy bien ubicado tras todo lo sucedido en los últimos 10 días. Lo explica muy bien la amarga queja de su máximo responsable tras la composición del Gobierno, al asegurar que el presidente Sánchez “se ha olvidado de nosotros en menos de 24 horas”.
Lejos de los que auguraban, sin el menor dato, las “impagables deudas contraídas” con los diferentes grupos que apoyaron la moción de censura, Sánchez ha diseñado un Ejecutivo a su medida. Huyendo de someterse al dictamen de los barones territoriales de su partido e incorporando personas afines a Susana Díaz, su derrotada rival en las primarias por la Secretaría General de hace apenas un año, como la ministra María Jesús Montero. Pero también a quien disputó su liderazgo en Andalucía, el ministro Luis Planas; y elevando el peso de comunidades como la valenciana.
En ese marco de independencia en su capacidad de elección, Pedro Sánchez no ha incluido ningún ministro canario. Habrá que observar si cuenta con socialistas de las Islas para los segundos y terceros niveles, secretarías de Estado y direcciones generales. Especialmente, conocer cuál va ser su sensibilidad con Canarias, el territorio más alejado, con especificidades históricas, económicas y culturales.
El recién nombrado ministro de Exteriores Josep Borrell, no hay que olvidarlo, fue el primero en plantear la aplicación del artículo 155 a una Comunidad Autónoma. Justamente a Canarias, a finales de los años ochenta, por diferencias en torno al desarme arancelario, siendo secretario de Estado de Hacienda en el equipo del ministro Carlos Solchaga. Confiamos en que esos malos entendimientos no se vuelvan a producir. Nos gustaría que el Gobierno de España fuera sensible a nuestras circunstancias de alejamiento y fraccionamiento territorial.
Algo que Canarias ha tenido siempre difícil con ejecutivos de distintos colores a los que hemos ido arrancando medidas, desde la participación en los convenios de carreteras al incremento de las subvenciones al transporte de personas y mercancías, que inicialmente siempre se han resistido a admitir. Medidas que pretendían y pretenden acercarnos a parámetros de igualdad con los ciudadanos y ciudadanas del territorio continental español.
Pluralidad
El reconocimiento a la pluralidad territorial no puede quedar limitado a las denominadas nacionalidades históricas. Canarias presenta peculiaridades que deben ser tenidas en cuenta para dar respuesta a los déficits que supone para sus personas y empresas, para el funcionamiento y costes de sus servicios públicos, sus especiales circunstancias, a 1.000 kilómetros de Europa y a 100 de África, con ocho territorios insulares habitados y una situación social y económica alejada aún de la media española, como ocurre con su renta per cápita, situada en el 81,7% de la media española.
Hemos expresado nuestro voto de confianza al nuevo Ejecutivo, que debe impulsar una transformación global que posibilite avances en el empleo, los servicios públicos, la igualdad entre mujeres y hombres, la equidad y las libertades, así como la transición energética hacia las renovables. Como nos corresponde, estaremos muy atentos a su tratamiento a las Islas. El Régimen Económico y Fiscal (REF) en sus aspectos económicos y la reforma del Estatuto de Autonomía –incluida la modificación del actual sistema electoral- constituyen los más inmediatos retos. Ayer y hoy nunca hemos pretendido el establecimiento de ningún tipo de privilegio, sino un trato justo que ayude a igualarnos en oportunidades con el resto del Estado. Lo que casi nunca ha sido entendido por los diferentes ejecutivos estatales. Esperemos que esta vez sea diferente.
Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.
