Indignante es el calificativo más suave con el que podemos definir todo lo que está pasando en torno a las costas africanas más próximas a Canarias, en la superficie oceánica que nos separa de ellas y en nuestro propio territorio insular.
Nos referimos con ello a miles de personas fallecidas en el mar, en su intento de utilizar el Archipiélago como estación intermedia en su camino hacia Europa. Igual que al desbordamiento, sin precedentes, de los centros habilitados para acoger menores no acompañados. A lo que se suma la imagen impactante de grupos de migrantes que deambulan sin rumbo por carreteras y espacios públicos de algunas de las Islas, mientras esperan ser deportados a territorio continental.
Resulta lamentable que las mafias que trafican con estas personas campen a sus anchas, principalmente en las costas de Marruecos, Senegal y Mauritania, sin un control rigurosos que les disuada sobre el riesgo que supone jugar con la vida de todos estos seres humanos.
Nada se sabe de las patrulleras conjuntas puestas en marcha durante la crisis migratoria del año 2009, en las que participaba la Guardia Civil española, con policías marroquíes, senegaleses y mauritanos. Igual que impera la inoperancia más supina en el despliegue complementario llevado a cabo en su día, a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que actuaba como filtro sobre aquellos que lograban superar el control costero de las patrulleras. Sin controles en origen ni filtros en el mar, la llegada de migrantes a nuestras costas se está intensificando. La resignación y la impotencia se adueña de nuestras autoridades, pero el drama humano y el impacto internacional sobre la imagen del Archipiélago están ahí.
Particularmente dramática y desesperante es la situación de los menores no acompañados que siguen llegando a Canarias. La Ley de Extranjería vigente no contempló la situación de este colectivo, porque en el momento de su aprobación, enero de 2000, era todavía un fenómeno prácticamente imperceptible.
Una vez sabido que la norma impedía su devolución, el uso de esta vía por parte de las organizaciones mafiosas que trafican con todos ellos no ha cesado de crecer. Blindadas las costas del sur de España, Canarias se ha convertido en el refugio preferente.
Los datos oficiales apuntan a que pronto superaremos la cifra de 6.000 menores no acompañados acogidos en los 80 centros habilitados en las Islas. Acogida, cuidado y formación, hasta que, cumplidos los 18 años, pasen a estar en la calle, en situación idéntica a la de los migrantes adultos llegados por la misma vía marítima.
Canarias sola, no puede más. Las Islas deben asumir un porcentaje de menores no acompañados acorde con lo que representa su población en el conjunto del Estado. Es decir, alrededor de un 4 por ciento. Ni uno más. Sin duda, el reparto porcentual tiene que ser obligatorio entre todas las comunidades autónomas. La modificación de la ley es el camino. Pese a que el acuerdo pactado por los gobiernos de España y Canarias resulta esperanzador,no corre serios riesgos de ser bloqueado en el Congreso de los Diputados, por la mezquina anteposición de las estrategias políticas de los partidos. Canarias mantiene distribuidos en todo el Archipiélago, en los 80 centros aludidos, un número de menores no acompañados similar al total de habitantes de los municipios de Vilaflor, Artenara, Betancuria, El Pinar, Garafía y la Graciosa.
Mientras la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, avisa de que se tendrá que habilitar barracones para acoger a todos estos chicos y chicas, el Gobierno de España se niega a utilizar los antiguos cuarteles militares.
¿Hasta cuándo estamos dispuestos a soportar los canarios tanto abandono y desidia por parte del Estado?
