El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, firmó este martes un convenio de colaboración con el Consejo General del Notariado (CGN), representado por su presidenta, Concepción Pilar Barrio Del Olmo; el Colegio Notarial de las Islas Canarias (CNC), por medio de su decano, Alfonso Cavallé; y el Centro Tecnológico del Notariado, dirigida por Alberto Martínez Lacambra, para mejorar la gestión pública en materia de expropiaciones.
El acuerdo permitirá a la Comisión de Valoraciones de Canarias acceder a información real, actualizada y anonimizada sobre operaciones inmobiliarias, procedente del Índice Único Informatizado Notarial, con el objetivo de ajustar la fijación del justiprecio a la realidad del mercado.
El consejero Manuel Miranda destacó que esta alianza supone “un paso decisivo para modernizar la gestión pública y garantizar procesos más justos y transparentes”, al incorporar datos objetivos en la valoración de los bienes expropiados.
“Más datos significa mejores decisiones”, señaló, subrayando que esta herramienta permitirá reducir la incertidumbre en los expedientes y evitar discrepancias en la determinación de los precios, uno de los principales focos de conflicto en los procedimientos expropiatorios.
En este sentido, el convenio refuerza la seguridad jurídica tanto para la Administración como para la ciudadanía afectada, al basar las valoraciones en referencias de mercado fiables y contrastadas. Además, contribuirá a agilizar la tramitación de los expedientes, al disponer de criterios más claros y homogéneos.
El sistema facilitará información sobre compraventas de inmuebles -como tipología, superficie o precio por metro cuadrado- que permitirá a la Administración afinar sus valoraciones con mayor precisión.
La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, explicó que “la base de este convenio son los datos contenidos en el Índice Único Informatizado Notarial, es decir, referencias de las escrituras que autorizamos los notarios”. Por tanto, hablamos de “datos auténticos y actualizados”, concluyó.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias avanza en su objetivo de reforzar la confianza en lo público, garantizando procesos de expropiación más ágiles, más transparentes y con mayores garantías para los ciudadanos.
“La firma del acuerdo no supone ningún coste económico para la Administración y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, en el marco de una apuesta por la colaboración institucional y el uso de la tecnología al servicio de una gestión pública más eficaz”, explicó Elena Zárate, viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico del Gobierno de Canarias.
