El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, ha mantenido estos días encuentros con la Comisión Europea para abordar dos asuntos de especial relevancia para el futuro de Canarias, como son la próxima entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo y la nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas (RUP), que probablemente Bruselas aprobará antes del verano.
Respecto al Pacto Migratorio y ante la Dirección General de Asuntos de Interior de la Comisión Europea, trasladó la preocupación del Gobierno de Canarias ante la falta de información sobre la aplicación del acuerdo a poco más de un mes de su entrada en vigor. Será el próximo 12 de junio, en plena visita del Papa León XIV a las islas. Esta situación, dijo, genera “riesgos reales para su aplicación efectiva”.
Caraballo recordó en Bruselas que Canarias, como una de las principales puertas de entrada a Europa de la migración procedente de África, “será uno de los territorios determinantes para medir el éxito real del Plan de Implementación en España y, por tanto, reflejará el éxito o fracaso de las medidas que se adopten”..
Sin embargo, subrayó que las regiones “no sabemos nada, no hemos sido informadas ni siquiera de los aspectos que son de nuestra competencia, como el de los menores”. En este sentido, apuntó que no se ha producido ni una sola reunión informativa y de coordinación multinivel con las autoridades que también tienen competencias en la implementación de esta nueva legislación europea.
El viceconsejero del Ejecutivo autonómico recordó que el Estado, en su plan nacional, se comprometió a realizar cambios legislativos que son necesarios para la correcta implementación del Pacto pero “ni siquiera las ha trasladado al Congreso dado que no tienen mayoría suficiente para su aprobación”.
Otro de los asuntos que preocupa al Gobierno de Canarias es que el Reglamento de Triaje establece que los adultos que soliciten protección internacional podrán permanecer hasta 12 semanas en centros de residencia obligatoria en las islas mientras se resuelve su solicitud. En caso de denegación, este tiempo se podría prolongar otras 12 semanas en centros “multimodales” (no de detención) a la espera de su retorno.
Estas medidas, expuso Caraballo en sus reuniones en Bruselas, podria generar situaciones de exclusión social o sinhogarismo, reavivando la percepción de Canarias como islas cárcel. Agregó que “no se garantizan los derechos humanos ni un tránsito ordenado y garantista de los menores”.
Ante este escenario, Canarias planteó a la Comisión Europea establecer una estructura estable de coordinación entre la UE, los Estados y las regiones que se encuentran en primera línea en la gestión de la migración.
El viceconsejero del Gabinete del Presidente reiteró asimismo la necesidad de regionalizar los fondos y dotar de mayor transparencia los recursos estatales para que exista una distribución efectiva; medidas específicas para los territorios que son frontera exterior, como es el caso de Canarias; así como un seguimiento a la creciente gravedad de los movimientos que se están registrando en el Sahel.
Aunque las cifras de llegadas a Canarias han descendido en 2025 y en 2026, dijo Octavio Caraballo, “puede tratarse de un espejismo. La realidad en el Sahel es cada día más preocupante, así como la situación en la que se encuentran países como Senegal y Gambia”.
Nueva Estrategia RUP
El representante del Gobierno de Canarias incluyó en su agenda de trabajo en Bruselas una reunión con el Gabinete del vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, para abordar las propuestas de Canarias a la nueva Estrategia de las RUP. Para analizar estas propuestas sobre el terreno, está prevista la visita del Fitto a las islas el próximo mes de septiembre.
En la cumbre de las regiones ultraperiféricas celebrada en la Isla de Reunión el pasado mes de enero, el vicepresidente de la Comisión ya anunció que esta nueva estrategia se apoyará en cinco pilares fundamentales, como son defensa, agua, energía, competitividad y vivienda.
Esta es precisamente una de las grandes reclamaciones de Canarias ante la UE, la posibilidad de limitar la venta de viviendas a personas no residentes como una de las medidas para hacer frente a la crisis habitacional del archipiélago. Aunque la libre circulación de personas y bienes es uno de los principios básicos de la Unión, el Gobierno de Canarias considera que su condición de región ultraperiférica le permitiría disponer de una exención por parte de Bruselas.
Previsiblemente, esta estrategia específica para las nueve RUP amparadas por el artículo 349 del Tratado europeo quedará aprobada por la Comisión antes del verano. Además de las medidas relativas a la vivienda, el Gobierno de Canarias confía en que recoja sus propuestas para la protección del POSEI: que se mantenga una ficha financiera propia y que se actualice para garantizar la efectiva protección del sector primario de las islas.
