El Gobierno de Canarias trabaja en una reforma de la legislación turística para dar una solución a los propietarios que residen de forma consolidada en apartamentos situados en zonas turísticas y permitir que, bajo determinadas condiciones, puedan quedar fuera de la explotación turística. Así lo ha defendido este martes en el Parlamento autonómico la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, quien ha reconocido la necesidad de adaptar la normativa a una realidad residencial que existe desde hace décadas en numerosos complejos del Archipiélago.
La consejera aseguró que el Ejecutivo pretende abordar esta problemática mediante una nueva regulación que tenga en cuenta los derechos y circunstancias de los propietarios, aunque insistió en que cualquier solución deberá desarrollarse en coordinación con los ayuntamientos, responsables de la ordenación urbanística de sus respectivos municipios.
La cuestión afecta especialmente a municipios turísticos como San Bartolomé de Tirajana y Mogán, donde la convivencia entre el uso residencial y la explotación turística de los apartamentos ha generado una prolongada controversia jurídica y social.
Los propietarios podrían quedar fuera de la explotación turística
Una de las principales novedades planteadas por la Consejería es la posibilidad de reconocer legalmente las situaciones de uso residencial consolidado en apartamentos turísticos, permitiendo que sus propietarios puedan quedar excluidos de la explotación turística cuando cumplan los requisitos que establezca la futura normativa.
De León defendió que la legislación debe adaptarse a una realidad que se ha mantenido durante décadas y que afecta a propietarios que utilizan sus inmuebles como residencia habitual.
Sin embargo, la consejera dejó claro que este reconocimiento no podrá realizarse al margen del planeamiento urbanístico municipal, por lo que será necesario analizar cada situación y determinar si el uso residencial resulta compatible con la ordenación vigente.
En este sentido, hizo referencia a una sentencia del 5 de octubre de 2026 que, según explicó, vuelve a poner de manifiesto la importancia de las competencias municipales para acreditar los usos residenciales en estos establecimientos.
Los ayuntamientos, fundamentales para encontrar una solución
La titular de Turismo insistió en que la resolución de este conflicto requiere la colaboración de las diferentes administraciones públicas, especialmente de los ayuntamientos, por su conocimiento de las particularidades urbanísticas de cada municipio.
Esta participación municipal resulta especialmente relevante en localidades como San Bartolomé de Tirajana y Mogán, donde numerosos propietarios vienen reclamando desde hace años el reconocimiento de su derecho a continuar residiendo en apartamentos ubicados en suelo turístico.
La consejera defendió que la futura normativa debe permitir avanzar hacia una regulación que contemple tanto la actividad económica turística como la realidad social de quienes han establecido su residencia en estos inmuebles.
«No nos gusta la ley, cambiémosla, es nuestro compromiso», afirmó Jéssica de León durante su intervención parlamentaria, reiterando la voluntad del Ejecutivo de modificar el marco legislativo vigente.
Una nueva ley que unificará la legislación turística de Canarias
La solución planteada por el Gobierno se incorporaría a una nueva ley destinada a reorganizar y actualizar la regulación del sector turístico del Archipiélago.
El futuro texto pretende integrar la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, y la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización Turística, con el objetivo de establecer un marco normativo más actualizado.
Entre las materias que abordará figuran la renovación de los establecimientos alojativos, la sostenibilidad del sector, la mejora de la calidad turística y la regulación de los usos del suelo turístico.
La nueva normativa también analizará la situación de las viviendas vacacionales ubicadas en suelo turístico y las posibles fórmulas para compatibilizar diferentes usos, preservando tanto la actividad turística como las condiciones de vida de la población residente.
Para su elaboración, la Consejería abrió una consulta pública en julio de 2025 y celebró cinco mesas de trabajo con las dos universidades públicas canarias, un proceso en el que se recogieron 705 aportaciones.
A la espera de una solución definitiva para los residentes
El anuncio de la consejera se produce en un contexto de reivindicaciones de los propietarios afectados por la legislación turística, que vienen reclamando seguridad jurídica para continuar viviendo en sus inmuebles sin verse obligados a incorporarlos a la explotación turística.
La propuesta del Ejecutivo abre la posibilidad de reconocer determinadas situaciones residenciales consolidadas, aunque todavía será necesario conocer el contenido definitivo de la futura ley, los requisitos exigidos y los mecanismos administrativos para acreditar ese uso residencial.
También queda por concretar cómo se resolverán los casos de propietarios cuyos apartamentos se encuentran en complejos sujetos al principio de unidad de explotación turística.
Por el momento, el Gobierno canario plantea una modificación legislativa que deberá desarrollarse con la participación de los ayuntamientos y ajustarse a las competencias urbanísticas municipales.
La principal cuestión pendiente es determinar si la futura normativa permitirá ofrecer una solución jurídica efectiva a los propietarios que llevan décadas residiendo en apartamentos turísticos, especialmente en los municipios del sur de Gran Canaria, donde este conflicto continúa siendo una de las principales preocupaciones de los afectados.
