La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, participó hoy en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrada en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid, en la que se reiteró a la ministra de Sanidad, Mónica García, la urgencia de encauzar el conflicto estatal que mantiene el colectivo médico con el Ministerio ante los desacuerdos manifestados contra el Anteproyecto del Estatuto Marco, un conflicto que está afectando a todas las comunidades autónomas por igual.
Se trata del segundo posicionamiento común de todas las comunidades autónomas en el período de un mes para reclamar al Ministerio consenso y soluciones al conflicto. El Estatuto Marco del personal de los servicios de salud es una norma básica de carácter estatal cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico. Precisamente la actualización de esta norma es la que ha motivado las convocatorias de huelga de los médicos y facultativos.
En este sentido, en la reunión de hoy los consejeros de Sanidad de las 17 autonomías trasladaron al Ministerio un decálogo consensuado, tras la reunión de la comisión de Recursos Humanos celebrada ayer, con un posicionamiento común sobre el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
Presentación de un decálogo
El documento recoge una decena de medidas para reconducir la negociación del anteproyecto con la finalidad de que el futuro Estatuto Marco garantice el consenso profesional y su viabilidad.
Monzón, y el resto de consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, solicitan en ese documento, al Ministerio que reconduzca la negociación desde el seno de la Comisión de Recursos Humanos, poner en valor el trabajo técnico y liderar los cambios necesarios del Anteproyecto de Estatuto Marco que ofrezca seguridad jurídica para su implantación en el seno del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, reclaman que el Ministerio presente una memoria económica y evalúe el impacto de las medidas a tomar para que el Estatuto sea viable de implantar y seguro jurídicamente.
Monzón insta al Ministerio a “replantearse su posicionamiento, dialogar y entender que todas las CCAA hacemos un frente común para buscar soluciones a la huelga estatal de los médicos que está haciendo mucho daño en todas las autonomias, independientemente de las medidas de mejora en las condiciones laborales que cada servicio de salud adopte dentro de sus competencias”, precisa.
En este sentido, manifiesta su preocupación ante el inmovilismo del Ministerio que puede generar que la huelga estatal continúe aunque los servicios de salud de las CCAA pacten determinadas mejoras de las condiciones laborales dentro de las competencias del ámbito regional.
El impacto de la huelga de los médicos y facultativos en Canarias se traduce en 80.000 actos médicos suspendidos en 6 meses, por lo que urge que el Ministerio a resolver ya este conflicto. “Poco margen nos deja a las comunidades si adoptamos medidas y el conflicto estatal y la huelga continúan”, asegura.
Canarias, de las primeras comunidades en proponer soluciones
La consejera de Sanidad ha manifestado ya reiteramente al Ministerio la necesidad de solucionar el conflicto que mantiene desde el año pasado con los médicos y facultativos. En esta línea, el pasado 20 de marzo, Canarias, junto a Euskadi y Castilla-La Mancha, remitió una carta a la ministra de Sanidad en la que planteaban la necesidad de designar una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico, con el objetivo de contribuir a desbloquear el conflicto derivado de los desacuerdos en torno al Estatuto Marco.
En aquella misiva, los tres consejeros de Sanidad proponían valorar la incorporación de una entidad independiente como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes como posible figura mediadora, subrayando en todo caso que la activación de un mecanismo de este tipo corresponde al ámbito estatal y que su finalidad debía ser facilitar un espacio de negociación que evitara la prolongación del conflicto y su impacto sobre los servicios sanitarios.
Igualmente en la reunión del consejo interterritorial del 10 de junio los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas trasladaron una posición común ante la situación generada por la huelga, reafirmando su compromiso con los profesionales y con los pacientes e instando al Ministerio de Sanidad a impulsar, con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo que respondan a las propuestas que desde hace años se vienen planteando para reforzar la disponibilidad de profesionales y garantizar la sostenibilidad del sistema.
