El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha informado de que el archipiélago ha superado a estas alturas de 2022 la barrera de las 7.000 instalaciones inscritas para el autoconsumo fotovoltaico, teniendo en cuenta que en el año 2019 apenas se alcanzaban las 300.
Estas cifras han sido desveladas en el marco del Congreso Nacional de Medio Ambiente 2022 que se está celebrando estos días en Madrid y, más concretamente, en el diálogo de alto nivel denominado ‘La Misión Europea de Adaptación al cambio climático: una oportunidad para las regiones y comunidades’.
Valbuena ha aprovechado también este espacio de diálogo para remarcar que el actual Ejecutivo ha “apretado el acelerador en estos tres años de legislatura, ante el riesgo inminente de convertirnos en la primera región de España en perder la lucha frente al cambio climático si no se toman las medidas necesarias”. “Los territorios insulares se encuentran en la primera fila de esta batalla medioambiental y por ese motivo hemos acelerado los plazos para poder tramitar cuanto antes nuestra Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la cual aprobaremos de manera definitiva en el Parlamento canario dentro de dos semanas”, añadió.
El consejero regional expuso, entre otros aspectos que este texto legislativo y sus respectivos planes y estrategias vienen a establecer obligaciones donde antes había recomendaciones, “porque la urgencia medioambiental nos obliga a ser autoexigentes para poder alcanzar la meta de la descarbonización total de nuestra economía en el año 2040, diez años antes que Europa y España”.
Esta Ley, entre otras medidas, obligará a todas las empresas de las islas a elaborar su propio plan de adaptación al cambio climático, al igual que ocurre en la actualidad con los planes de prevención de riesgo y seguridad. También pretende llevar a las aulas materias específicas de educación ambiental para todos los niveles formativos o encomendar a la Consejería de Sanidad que elabore un plan específico de salud relacionado con enfermedades ligadas a los efectos del cambio climático.
“Un aspecto fundamental de esta Ley es el principio de justicia climática, es decir, que la transición ecológica sea una posibilidad al alcance de todos los sectores de la sociedad y que no podamos diferenciar el nivel adquisitivo de una vivienda por la presencia de placas fotovoltaicas en su tejado o el de un conductor en función de si lleva un vehículo eléctrico o no”, aseveró Valbuena. En este sentido, el representante autonómico explicó que se están articulando diferentes convocatorias de ayudas y una Estrategia de Transición Justa.
Por último, Valbuena subrayó que su Consejería tiene la obligación de luchar, proteger y dar voz a todos los seres vivos que no tienen altavoz ni pueden reclamar medidas urgentes para su preservación. “Somos el territorio con mayor número de endemismos del continente europeo y estamos reconocidos como uno de los puntos calientes de la biodiversidad marina mundial, por lo que tenemos la enorme responsabilidad de velar por su supervivencia”, declaró.
En esta mesa de debate celebrada en el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid, Valbuena compartió espacio de análisis junto al consejero de Medio Ambiente del Gobierno de la Región de Murcia, Antonio Luengo; el consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla La Mancha, José Luis Escudero; el presidente delegado del Acción Climática de la Diputación de Barcelona, Xesco Gomar; la directora de programas de la UE y Cooperación Territorial del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Lydia González; y la periodista ambiental Eva Martínez.
