El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que modifica la regulación de las viviendas vacacionales en el Archipiélago, ampliando hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para presentar la comunicación previa de actividad clasificada y estableciendo nuevos requisitos técnicos y de seguridad para los inmuebles destinados al alojamiento turístico.
La medida, impulsada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, introduce modificaciones en la Ley 6/2025 de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas y en la normativa territorial aplicable a las denominadas Islas Verdes.
El Ejecutivo autonómico señala que el objetivo es facilitar una transición ordenada hacia el nuevo modelo de regulación, aportar seguridad jurídica a los propietarios y permitir que las administraciones dispongan de un marco más claro para comprobar el cumplimiento de las obligaciones legales.
Hasta diciembre de 2027 para completar la regularización
Una de las principales novedades es la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para presentar la comunicación previa de actividad clasificada.
Esta prórroga está dirigida a los titulares de viviendas vacacionales que ya ejercían la actividad antes de la entrada en vigor de la nueva regulación y que tienen pendiente completar este trámite administrativo.
El Gobierno justifica la ampliación por la necesidad de concretar los requisitos técnicos exigibles y ofrecer tiempo suficiente para que los propietarios puedan adaptar sus inmuebles a las nuevas obligaciones.
Además, el decreto ley contempla que las viviendas vacacionales que no cumplan con esta regularización dentro del plazo establecido puedan continuar desarrollando su actividad durante cinco años adicionales, transcurridos los cuales deberán cesar en el uso turístico, conforme a las condiciones previstas en la norma.
Nuevas exigencias de seguridad para las viviendas turísticas
El decreto ley establece el contenido mínimo de la memoria técnica que deberán presentar los titulares para acreditar el cumplimiento de la normativa de actividades clasificadas.
Entre la documentación exigida figuran planos de situación y distribución de la vivienda, fotografías del inmueble, documentación relativa a la primera ocupación y acreditación de la seguridad estructural cuando corresponda.
También se contemplan medidas de protección contra incendios, como detectores de humo, extintores y señalización de evacuación, además de requisitos específicos para los inmuebles que dispongan de piscina y para las condiciones de acceso.
Estas exigencias se aplicarán igualmente a las nuevas viviendas que pretendan iniciar la actividad turística mientras no se apruebe la normativa técnica definitiva.
Mayor control de ayuntamientos y cabildos
La nueva regulación refuerza las funciones de comprobación e inspección de las administraciones locales e insulares.
Los ayuntamientos deberán aprobar y comenzar a aplicar sus planes de comprobación y control en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la normativa de actividades clasificadas.
Estos planes tendrán una duración máxima de cuatro años y estarán destinados a verificar que las viviendas destinadas al uso turístico cumplen las condiciones establecidas.
Con ello, el Ejecutivo pretende mejorar la supervisión de la actividad y garantizar una aplicación homogénea de las obligaciones técnicas y administrativas.
Régimen especial para La Palma, La Gomera y El Hierro
El decreto ley también introduce medidas específicas para las denominadas Islas Verdes: La Palma, La Gomera y El Hierro.
En estos territorios se reconoce la aplicación preferente de su normativa turística especial, mientras que determinadas disposiciones territoriales y urbanísticas de la Ley 6/2025 no serán aplicables hasta el 13 de diciembre de 2030.
Esta diferenciación pretende respetar las particularidades territoriales y económicas de las tres islas y facilitar su adaptación al nuevo marco regulatorio.
Facilidades para las viviendas destruidas por el volcán de La Palma
Otra de las novedades afecta a los propietarios de viviendas vacacionales destruidas durante la erupción volcánica de 2021 en La Palma.
La nueva norma permitirá reconstruir estos inmuebles y recuperar su actividad turística conservando su signatura y los derechos asociados, sin exigirles el requisito de antigüedad mínima establecido en la legislación general.
También se reconocerá la antigüedad y la situación jurídico-urbanística de las viviendas originales, salvo que la nueva ordenación resulte más favorable.
El Gobierno considera que esta medida contribuirá a evitar nuevos obstáculos administrativos para la recuperación económica de las personas afectadas por la erupción.
Entrada en vigor y efectos retroactivos
El decreto ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y tendrá efectos retroactivos desde el 13 de diciembre de 2025, fecha de entrada en vigor de la Ley 6/2025.
Con esta modificación, el Ejecutivo autonómico busca completar el desarrollo de la normativa de viviendas vacacionales, ampliar los plazos de adaptación y establecer condiciones técnicas más precisas para una actividad con un peso importante en el sector turístico de Canarias.
