El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles el proyecto de decreto que otorga a los ayuntamientos, tal y como habían pedido, un plazo adicional de un año para adaptarse a las nuevas exigencias de seguridad en playas y otras zonas de baño marítimas de las islas.
Estas exigencias están recogidas en los anexos del Decreto 116/2018, de 30 de julio, por el que se regulan las normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Con el objetivo de mejorar la seguridad en las playas y otras zonas marítimas del archipiélago, el pasado 22 de julio, previa audiencia de los municipios costeros e informe de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias, se procedió a modificar, mediante una orden de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, los anexos del Decreto 116/2018, de 30 de julio, para flexibilizar determinados criterios e incidir en los planes de seguridad y salvamento de playas y otras zonas de baño marítimas.
Entre los cambios más importantes introducidos, de acuerdo con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), están la posibilidad de que los municipios compartan recursos humanos y móviles en las labores de vigilancia y salvamento, se regula el perfil del técnico redactor que elabore los planes de salvamento y se reafirma que las banderas a utilizar para indicar los diferentes niveles de riesgo sean de color rojo, amarillo y verde, rechazando que existan más, pues se crea confusión y no se ayuda a identificar los colores con los grados de peligro.
Ahora, el proyecto de decreto aprobado este miércoles amplía, de cuatro a cinco años, el tiempo previsto en la disposición transitoria segunda para la aplicación de las nuevas medidas. Esta prórroga, que parte de una solicitud formal realizada por los municipios costeros, es lo más operativo para que los ayuntamientos se adapten a las exigencias del Decreto 116/2018, de 30 de julio, y poder arreglar también otros aspectos como puede ser el financiero.
Y ello, porque los acontecimientos registrados desde su entrada en vigor, el 8 de agosto de 2018 –estado de alarma declarado debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVI-19 y la erupción volcánica en La Palma–, han condicionado la disposición de recursos por parte de algunas corporaciones municipales, que se han visto obligadas a destinarlos a otros fines.
Todo esto justifica la necesidad de ampliar en un año el plazo para que los ayuntamientos implanten los planes de seguridad y salvamento, objetivo principal del proyecto de decreto aprobado este miércoles.
Es preciso recordar que, en las islas, del total de 750 playas y zonas de baño marítimas, según la última revisión efectuada por parte de los ayuntamientos, hay 365 que requieren la elaboración de un plan de seguridad y salvamento y que en la Dirección de General de Seguridad y Emergencias tienen constancia de126 planes de seguridad y salvamento elaborados y registrados.
Una cifra que ahora se verá incrementada tras la actualización del Decreto 116/2018, de 30 de julio, efectuada a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de conformidad con las corporaciones municipales.
