El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el texto definitivo del proyecto de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias. Se trata de una iniciativa legislativa impulsada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas cuyo titular, Manuel Miranda, ha catalogado como “una herramienta clave para que Canarias pueda enfrentarse a buena parte de los retos que tiene frente a sí”. El documento, aprobado inicialmente en el mes de junio, fue objeto en septiembre de un informe del Consejo Consultivo y ahora se remitirá al Parlamento de Canarias para continuar su tramitación.
Miranda ha destacado que la propuesta tiene como objetivo “continuar con la filosofía de la Ley del Suelo” del año 2017, norma que ha calificado como “buena y que ha permitido impulsar más de 250 modificaciones del planeamiento”, pero que había que “adaptar a la nueva realidad del Archipiélago, condicionada por varios retos, como el de la vivienda, el demográfico o la normativa referida a mitigar los efectos del cambio climático”. Entre otras medidas, la actualización de la ley prevé un aumento de la disponibilidad de suelo para vivienda pública, que podría ser de hasta un 40% del suelo en determinadas circunstancias. En concreto, en suelo urbanizable se pasa del 30% al 40% y en suelo urbano consolidado del 10% al 20%.
El consejero ha recordado que el texto es fruto de un amplio proceso de participación que duró más de un año y en el que intervinieron 700 profesionales en un total de diecisiete foros. Miranda ha señalado que el texto ha sido mejorado ahora por el Consejo Consultivo, sobre todo para dotar al texto de “mayor claridad y precisión respecto a las condiciones de la evaluación ambiental, los proyectos de interés insular o autonómico y los nuevos planes de renovación de suelos industriales”.
La propuesta del Gobierno gira sobre cinco ejes, según ha explicado el consejero. Estos son: una mayor protección del territorio, con sanciones más duras; agilización del planeamiento, con un 40% menos de documentación; impulso a la construcción de vivienda pública, con más suelo disponible; apoyo a los municipios ante el reto demográfico; y refuerzo del sector primario, dotándole de mayor seguridad jurídica.
Entre otras propuestas, las sanciones más duras podrán llegar a los 600.000 euros y habrá más plazo para su tramitación, con el objetivo de evitar que prescriban. Además, se ha calculado en un 30% la reducción de los plazos en la tramitación de instrumentos de ordenación.
Por otro lado, el documento contempla otras medidas para favorecer la fijación de población en municipios reto demográfico, como su acceso prioritario a ayudas o subvenciones para actualizar su planeamiento.
Igualmente, se refuerza el sector primario, donde se permiten viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real.
“La Ley del Suelo es un instrumento clave para mejorar el acceso a la vivienda. Debemos ir de la mano para mejorar la disponibilidad de inmuebles para la sociedad”, señaló el consejero.
El documento será remitido ahora al Parlamento de Canarias para su debate y aprobación, aunque Miranda ha informado de que “los portavoces de los grupos políticos en la Comisión parlamentaria ya disponen de él desde este verano, con el fin de darles más plazo para su análisis” y ser “lo más transparentes posible con esta norma”.
