La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, aseguró hoy (viernes 22) en comisión parlamentaria que el sistema de discapacidad del Archipiélago ha iniciado una transformación estructural que ya comienza a reflejarse en datos concretos, reducción de listas de espera y una mayor coordinación territorial y administrativa.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Discapacidad del Parlamento, Delgado defendió que las medidas impulsadas desde el inicio de la legislatura han permitido dejar atrás el modelo anterior, marcado por retrasos de hasta cinco años para obtener una valoración de discapacidad. “La ciudadanía no podía seguir pagando con años de espera la inercia de la Administración, por eso hemos pasado de explicar problemas a poder explicar también resultados”, indicó Delgado.
La consejera de Bienestar Social fue contundente a la hora de afirmar que “Canarias ha pasado de una fase de diseño y reforma a una fase de despliegue y primeros resultados visibles, con un sistema más cercano, más coordinado, más accesible y menos resignado a la espera”.
Entre las principales decisiones adoptadas figura el desdoblamiento entre dependencia y discapacidad, otorgando a esta última una dirección general propia con capacidad de gestión y planificación específica. Asimismo, el Ejecutivo destacó la reforma normativa impulsada mediante los Decretos-ley 4/2025 y 5/2025, que introducen procedimientos más ágiles, amplían la prioridad a todos los menores de 18 años y permiten valoraciones no presenciales o documentales en determinados supuestos.
Candelaria Delgado incidió en que “la política de discapacidad debe ir más allá de la tramitación administrativa y avanzar hacia una participación social plena”. En este sentido, el Gobierno anunció nuevas líneas de colaboración con Inserta, de la Fundación ONCE y con el Centro Especial de Empleo Desarrollo Social Canarias para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad.
Además, destacó el trabajo conjunto con CERMI Canarias y el Instituto Canario de Igualdad en ámbitos como la accesibilidad, la participación activa y la atención específica a mujeres con discapacidad y víctimas de violencia de género.
Más de 7.100 resoluciones en 2026
Según los datos aportados en la comisión, entre enero y mediados de mayo de 2026 se han emitido ya 7.141 resoluciones de discapacidad con derecho reconocido, frente a las 2.729 registradas entre julio y diciembre de 2023.
El incremento se refleja en todas las islas: Tenerife pasó de 1.280 resoluciones a 2.663; Gran Canaria, de 1.020 a 2.370; Lanzarote, de 253 a 558; Fuerteventura, de 93 a 620; La Palma, de 56 a 593; La Gomera, de 15 a 268; y El Hierro, de 8 a 66.
Además, Delgado reiteró que las islas no capitalinas ya se sitúan en el entorno del plazo legal de 180 días para las valoraciones, al igual que los expedientes de menores de edad.
Descentralización y coordinación sanitaria
Uno de los ejes destacados de la comparecencia fue el proyecto ITINERA, financiado con el Fondo Social Europeo Plus, que ha permitido desplegar equipos descentralizados de valoración en Garachico, Santa Úrsula y San Miguel de Abona, en Tenerife, y en Gáldar y Agüimes, en Gran Canaria. Son equipos que atienden a esas poblaciones y las comarcas en las que están situadas, atendiendo de forma reforzada a la ciudadanía de esas zonas llevando la administración a la ciudadanía y no al contrario.
Según explicó la consejera de Bienestar Social, esta iniciativa está contribuyendo a descongestionar las zonas con mayor presión asistencial y a acercar la Administración a la ciudadanía. También se puso en valor el acuerdo suscrito con el Servicio Canario de la Salud, financiado con 2,5 millones de euros, que ha permitido formar a 250 profesionales y mejorar la coordinación mediante el acceso a la historia clínica electrónica, reduciendo trámites y duplicidades.
