A pesar de los discursos optimistas sobre la salida de la crisis, un conjunto de datos confirman un dramático panorama social en Canarias. Más de 342.000 desempleados (31,1%), según la última Encuesta de Población Activa (EPA); de ellos, 233.100 son parados de larga duración, el 68,1%. Seis de cada 10 jóvenes están desempleados. 134.371 parados registrados no reciben ninguna prestación. El porcentaje de hogares con carencias materiales severas alcanza el 8,5%, lo que supone 2,3 puntos más que la media española (6,2%). Continúan los desahucios…
Estas son las consecuencias tangibles de las políticas de recortes y austeridad, así como de las debilidades de nuestro modelo económico. Nueva Canarias (NC) apuesta por una política diametralmente opuesta a la aplicada hasta ahora. Dirigida a estimular la demanda, impulsar la inversión desde las administraciones públicas, incrementar el gasto social, favorecer la circulación del crédito… para generar empleo de calidad a través del impulso a la economía productiva.
Este cambio de la política económica es imposible si no obtenemos los recursos para impulsar la financiación de las grandes obras y servicios públicos o de las políticas estratégicas que son determinantes para ayudar a recuperar el crecimiento económico y el empleo; y si no garantizamos acceso al crédito a familias y empresas. Engañan a la ciudadanía quienes prometen empleos, mejoras sanitarias y educativas, nuevas infraestructuras, sin contar cómo van a disponer de ingresos para afrontarlas.
Modelo fiscal
Por eso consideramos esencial modificar el modelo fiscal. Persiguiendo el fraude. Reduciendo en 10 puntos el que padece Canarias (28,8% del PIB) se recaudarían más de 1.500 millones de euros para la hacienda pública y 516 millones de euros por cotizaciones sociales, como ha señalado Gestha.
En ese sentido, la Agencia Tributaria Canaria debe contar con potentes estructuras de análisis y persecución del fraude. Y debe operar coordinada con la Agencia Estatal, que a su vez debe establecer acuerdos internacionales para perseguir el fraude y combatir la evasión de capitales y los paraísos fiscales.
Asimismo, apostamos por una mayor proporcionalidad y justicia del sistema tributario. Al margen de que proponemos una profunda reforma fiscal en el plano estatal (que es determinante: impuesto de sociedades, IRPF, etcétera), en nuestro territorio defendemos una mayor progresividad en relación con las competencias en fiscalidad de la comunidad canaria.
Por ello hemos propuesto un mayor esfuerzo fiscal a las rentas más altas (a partir de 90.000 euros de base liquidable) y mayor progresividad al impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas (a partir de 750.000 euros), así como subir los tipos incrementados del IGIC vinculados al consumo de lujo.
Hemos insistido, además, en la necesidad de crear un impuesto sobre las estancias turísticas (1 euro al día por estancia). No es razonable que el sector de mayor crecimiento en Canarias no participe en mejorar la promoción, la competitividad del destino, la renovación de las infraestructuras turísticas públicas y la mejora del medio ambiente.
Pero también es determinante disponer de mayores recursos a través de una nueva financiación autonómica. La actual nos deja 800 millones de euros al año por debajo de la media de las comunidades autónomas, con un grave perjuicio para los servicios públicos y para la obra pública. Reclamando, asimismo, los recursos del desaparecido Impuesto sobre el Tráfico de Empresas (ITE) para dedicarlos a políticas sociales y de empleo.
Es preciso también acabar con el maltrato inaceptable que sufrimos en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado, que deberían dar respuesta a las condiciones específicas de Canarias y a su grave situación de desempleo. Esto es lo que se perseguía, en buena medida, con el Plan Canarias de 2009, luego incumplido en la práctica totalidad de sus apartados.
REF
Valoramos el Régimen Económico y Fiscal (REF) en sus aspectos fiscales, especialmente al permitir que la Reserva de inversiones de Canarias (RIC) se pueda invertir en la contratación directa de trabajadores y también por las sustanciales mejoras respecto a la Zona Especial Canaria (ZEC). Pero sin mitificarlo. En el mejor de los escenarios colaboraría en la generación de 4.000 o 5.000 empleos anuales. Positivo impacto pero muy insuficiente en un territorio con más de 340.000 desempleados.
Respecto al REF económico, este incluye políticas de ayuda al transporte de mercancías y personas (el descuento por residencia), las destinadas a la desalación de agua, las dirigidas a la producción de energía así como las que tratan de impulsar las telecomunicaciones, tan relevantes para un territorio alejado e insular. También, entre otras, las inversiones en infraestructuras que, como señala el artículo 96 de la Ley 20/1991 del REF, no pueden ser inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas.
Apoyamos su modificación. Pero, sobre todo, exigimos su cumplimiento, asunto este en el que los distintos gobiernos españoles han destacado negativamente, convirtiéndolo en papel mojado.
Crédito
Asimismo, hay que facilitar el impulso a la economía privada, la que genera la mayoría del empleo. Es determinante que el crédito de la banca privada llegue a familias y pequeñas y medianas empresas. Y que lo haga en condiciones justas, accesibles y con garantías. El Estado debió plantear esas condiciones en el momento en que se produjeron millonarias ayudas a la banca. Y no lo hizo.
Si la actual situación de dificultad enorme de acceso al crédito no se corrige, debe ser el Estado con la colaboración del Gobierno de Canarias, el que lo facilite para estimular el consumo e impulsar las iniciativas empresariales y la generación de puestos de trabajo.
Por último, la situación grave de las Islas, la marginación y el sufrimiento de una parte importante de sus hombres y mujeres, nos obliga a plantear la necesidad de un verdadero Plan Canarias por el Empleo y contra la Pobreza. Con participación de la Unión Europea y los gobiernos del Estado y de Canarias. Dirigido a sumar el conjunto de recursos y aportaciones disponibles para formular políticas dirigidas a superar las insoportables cifras de desempleo y la elevada pobreza que padece el Archipiélago. Y, en definitiva, para cambiar Canarias, para que deje de ser una sociedad tan desigual e injusta.
Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.
