Debemos protestar y protestamos elevando nuestra más enérgica condena y repulsa a las autoridades financieras nacionales y de la UE por su forma de llevar a cabo la liquidación accionarial del Banco Popular y la transferencia sumarísima de la entidad al Banco de Santander tras subasta de muy dudosa legalidad mercantil por legal que sea financiera.
Ya nos dirán las autoridades competentes y afectas al proceso como se puede realizar una subasta entre sesión y sesión bursátil donde se interviene, liquida y adjudica el Banco Popular sin que los legales propietarios de la entidad adjudicada no tengaN ni voz ni voto.
Si bien es cierto que la filosofía de la intervención, liquidación y adjudicación fue liberar al erario público español de la obligación de rescatar a una entidad bancaria técnicamente quebrada no es menos cierto que la ejecución y procedimiento ha sido total y absolutamente lesivo al punto de la pérdida total de su capital para los inversores directos propietarios de acciones (incluso los tenedores de derivados comprados y vendidos) como para los indirectos a través de vehículos de inversión colectiva, incluyendo los tenedores de bonos convertibles en acciones y deuda preferente (CoCos)
A tal punto de improvisación ha sido todo que ni los profesionales del sector, ni los organismos públicos, ni los propietarios de sociedades y agencias de valores y bolsa han sabido dar una respuesta a miles de clientes ansiosos de conocer la situación real y legal de su dinero invertido, alegando estos estar en igual ignorancia que los inversores afectados por carecer de la más mínima información y estar a la espera de protocolos de actuación.
Es decir la intervención , ejecución y traspaso de la entidad ha sido una operación dudosamente legal a la luz de los datos que se van conociendo y el claro beneficio proporcionado a la entidad a la que se le transfiere el Banco Popular.
De la noche a la mañana el Banco de Santander por el simple compromiso de dar garantía a los depósitos de los clientes del Banco Popular , hecho este absolutamente ficticio y virtual porque si todos los clientes del Banco Popular fuesen a retirar sus cuentas ahora en poder del Banco que preside Dña. Ana Patricia Botín este no podría hacer frente a los mismos si no recibiera ayuda del exterior.
Al Banco de Santander se le permite la fagocitación de los activos del Banco Popular que por supuesto se integrarán en los suyos propios convirtiéndose con diferencia en el primer banco español pero para el pasivo se le permite una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para que terceros financien tal l pasivo de la entidad adjudicada en supuesta subasta.
Es decir que por el simbólico precio de un euro la operación concluirá en que accionistas del Santander a los que se les dará derecho de suscripción (incompresiblemente los accionistas del Popular expropiados de sus acciones no tendrán siquiera ese derecho) e inversores institucionales entregarán al Santander el dinero para sanear el terrorífico balance dejado por los gestores del Banco Popular.
Creemos que todo esto es a todas luces “injusto” y “nulo de pleno derecho”, dado que también se habría puesto a salvo al erario público español realizando una OPA DE EXCLUSIÓN tanto en efectivo y/o como en títulos a razón de 0.316 euros la acción o en su defecto quien así lo prefiriese 1 acción del Banco de Santander por 18.2 acciones del Banco Popular, con esta solución los últimos en entrar podrían haber salido con la consiguiente pérdida y los accionistas de mayor calado temporal al menos vía Santander tratar de recuperar con el tiempo un porcentaje mayor de su inversión inicial o media.
Cargar sobre el capital de los inversores los errores de gestión de la empresa y los de control y fiscalización de las autoridades supervisoras y reguladores del mercado no es de recibo. Debiendo en su lugar los tribunales ordinarios de justicia atender a las demandas de los accionistas por la total y absoluta iniquidad con la que el sistema financiero europeo ha resuelto la liquidación del Banco Popular.
Los precedentes que sienta el modus operandi de las autoridades financieras en este asunto genera desconfianza e incertidumbre por lo que quizás se consiga lo que se pretende por parte del BCE , concentrar al sector a base de la política del miedo porque el castigo es claro si los medianos y pequeños bancos no se unen el futuro de sus propietarios será el mismo, de la noche a la mañana podrían verse sin dinero y con el banco en propiedad de otra entidad.
El problema del Banco Popular deja de nuevo bien claro y a la vista de todos que los organismos supervisores y reguladores de mercados (nacional y europeo) no están haciendo su trabajo correctamente, no están garantizando ni velando por los derechos del inversor ¿cómo es posible que nos tengamos que enterar a la apertura de una sesión que un Banco estaba quebrado y estaba cotizando? ¿cómo es posible que no se informara la inversores sobre el alto riesgo que suponía tener dinero invertido en un banco con tal situación contable? ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los gestores y auditores de la entidad ?
Debemos condenar y condenamos a que el sistema financiero reponga la situación que él mismo ha generado obligando al Banco de Santander a entregar a los accionistas del Popular 0.316 euros por acción (a efectos de deuda subordinada y convertible) o canjear 18,2 acciones del Popular por 1 acción del Santander quien así lo desee.
Con respecto a la ampliación de capital habrá que ajustarla a derecho, dos auditoras harán una valoración del Popular y la ampliación será por la diferencia entre la valoración media en cuanto en cuanto a la suma total de activos y fondo de comercio frente al pasivo contable.
Con respecto a la actuación profesional de los gestores de la entidad otra auditora ordenada por los tribunales ordinarios de justicia deberá hacer un informe del conjunto de operaciones mercantiles realizadas por la entidad a fin de dirimir si ha habido apropio de fondos y gestión desleal en los últimos años y a partir de tal informe proceder en consecuencia exigiendo las responsabilidades de rigor , embargos de bienes e ingresos en prisión si así el juez con el derecho en la mano lo estima conveniente y necesario.
Debemos pedir y pedimos a los tribunales ordinarios de justicia que actúen de oficio o tengan a bien estimar las demandas que sin duda se van a presentar tanto de forma individual como colectivas a través de plataformas de accionistas minoritarios.
Debemos exigir y exigimos justicia para que el sistema financiero no vuelva a actuar con la misma impudicia, ni vuelva aplicar sobre ninguna otra entidad "cal viva" sobre sus inversores y determinados bonistas para enterrarlos en la ruina y ahogar rápidamente el mal olor para que no contamine al resto del sistema bancario que literalmente sigue haciendo lo que le viene en gana, como cobrar dos dígitos de interés cuando los tipos actuales son cero frenando el consumo y con ello la reactivación económica que todos deseamos . El riesgo es inherente a la inversión como la muerte a la vida, pero no es lo mismo morir que nos asesinen.
Antonio García Rivero - Director de www.invertiryespecular.com
