Tras personarse y acceder al expediente de Costas sobre el complejo hotelero Oliva Beach situado en un complejo dunar al norte de la isla de Fuerteventura, la Federación ecologista ha elaborado un informe donde: (1) se analiza pormenorizadamente la situación jurídica real en la que se encuentra el complejo hotelero, (2) se cuestiona la actuación administrativa por la que se le otorgó y prorrogó la concesión a la entidad Geafond Número Uno de Lanzarote, S.A., que actuó en nombre de RIU (3) se pone de manifiesto las artimañas y engaños en los que incurre la multinacional para mantener su negocio, y (4) se tiende una mano a los sindicatos para luchar por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras. El citado informe se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.ecologistasenaccion.org/133519
Después de estudiar toda la información, desde la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción queremos denunciar la campaña de manipulación e intoxicación que ha llevado a cabo la empresa multinacional RIU encargada de este complejo turístico, tergiversando datos, defraudando a su plantilla y engañando a la ciudadanía para imponer sus intereses económicos.
A nuestro juicio, nos encontramos en una situación donde la propia Administración, tras una actuación más que cuestionable, accede a revisar sus propios actos y entra a dirimir algo mucho más importante que el posible otorgamiento de la autorización para la reforma de las instalaciones hoteleras. Lo que está en entredicho es el propio soporte legal de dichas instalaciones, y por tanto, la continuidad de las mismas en el dominio público marítimo terrestre, afectando dicha revisión tanto a la Orden Ministerial de 2003, como a la prórroga concedida en 2016. La multinacional RIU conocedora y responsable de esta situación, puesto que falseó y ocultó información esencial dentro del procedimiento, no puede presentarse como víctima de la supuesta ineficacia de una Administración que opera en contra del interés general, y arrogarse a su vez, el papel defensor del progreso, desarrollo y bienestar de la sociedad canaria.
El dilema construido de forma intencionada, mantenimiento del empleo versus observancia de la Ley (bien común, uso público libre, conservación del medio ambiente), NO EXISTE. La Administración en cumplimiento de la legalidad y velando, esta vez, por el interés general debe revisar el soporte legal del complejo hotel Club Oliva Beach Resort, los 432 apartamentos y 10 locales anexos. La multinacional RIU, si quiere presentarse como una empresa social y ambientalmente comprometida, debe hacerse responsable de sus actos, acatar las reglas del juego democrático, y ofrecer alternativas diferentes a la apertura de un expediente de regulación de empleo. Hay que recordar que estamos hablando de una empresa multinacional que contaba en 2018 con 95 hoteles (84% en propiedad) en 19 países, entre ellos tres hoteles más de gran tamaño solo en Fuerteventura, 45.648 habitaciones, 29.985 empleados y unos ingresos de 2.114 millones de euros.
Tras las preocupantes declaraciones hechas por el Comité de Empresa en el periódico La Provincia el 8 de enero de 2020, anunciamos que si la actuación de la Administración se doblega finalmente y cede a las presiones y réditos privados, nos veremos obligados a recurrir a los tribunales para defender el sentido común, el interés general y la observancia de las normas establecidas en el propio marco legal de Costas.
