En un desayuno informativo -así lo llaman- en Madrid, organizado el pasado 24 de mayo por la Fundación Democracia y Gobierno Local, el Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Sr. Bravo de Laguna, hacía una propuesta “sui generis” para reducir los aparatos administrativos y políticos.
Proponía llevar a cabo de “forma urgente” un “recorte drástico en la clase política”, tal como, a su juicio, demanda los ciudadanos. Planteaba reducir el Congreso de los Diputados a 300 representantes (actualmente son 350). El Parlamento de Canarias pasaría, de los 60 actuales, a 50 diputados. Asimismo, defendía pasar a tres senadores por provincia, en lugar de los cuatro actuales. Igualmente, proponía reducir el Cabildo de Gran Canaria a 23 consejeros, en vez de los 29 actuales. Esa reducción se aplicaría también a los ayuntamientos.
Se trataba, según el ponente, de ir al mínimo legal en todos los órganos representativos. Y continuaba manifestando que es preciso atender a lo que “sin duda es una de las demandas sociales más fundadas”. Por supuesto, el ministro de Industria, Energía y Turismo, presente en el acto, coincidía con el criterio del Sr. Bravo de Laguna. La justificación: la austeridad y la reducción del gasto. Hasta aquí, la información de los medios.
Pues bien, se trata de una opinión que no fue demasiado comentada posteriormente. Sin embargo, tiene una carga de profundidad antidemocrática muy peligrosa.
Consideramos que reducir la representación democrática en las instituciones políticas por razones exclusivamente económicas, constituye un paso atrás gravísimo en perjuicio de la democracia. Si esta propuesta se aplicara, sólo se beneficiarían de ella los grandes partidos (PP y PSOE), que de esta manera garantizarían su continuidad en las instituciones y conseguirían expulsar de las mismas a los partidos y fuerzas minoritarias. ¡Viva el bipartidismo!
Por tanto, los partidos y organizaciones políticas minoritarias perderían representantes o desaparecerían de las instituciones. La sociedad española no estaría correctamente representada, pues los parlamentos e instituciones locales no reflejarían la evidente pluralidad ideológica y política del país. Salvando las distancias y los procedimientos, volveríamos “de facto” al bipartidismo caciquil de la Restauración de hace más de 100 años (Partido Conservador y Partido Liberal), ahora en versión actualizada: PP y PSOE.
¡Qué paradoja! Justo cuando el bipartidismo actual se ha mostrado más incompetente que nunca ante los ciudadanos, son precisamente algunos de sus representantes, los que pregonan la reducción de la representación democrática con el único objetivo -no expresado- de perpetuarse en el poder y continuar con sus desmanes en contra de los ciudadanos.
Debemos rebelarnos. No podemos aceptar esa propuesta. Y mucho menos, cuando muchos colectivos y movimientos sociales hablan, cada vez más, de política y de la necesidad de que la ciudadanía se implique y participe más directamente en la toma de decisiones. Ya no sólo no escuchan a los ciudadanos, sino que pretenden, además, silenciarlos, reduciendo al mínimo la representación democrática.
Pero hay alternativas. Si el objetivo es reducir el gasto (¡ay, siempre la economía por encima de la política!), analicemos lo que ocurre en torno a las instituciones políticas democráticas, pero que no tienen nada de democrático.
Se trata de un hecho o situación que todos sabemos que existe, pero que siempre se nos oculta en su verdadera dimensión o se nos informa muy ligeramente y “de pasada” por los intereses egoístas de los distintos partidos. Nos referimos a legión los cargos de confianza, asesores, coordinadores, gestores, etc., nombrados a dedo y que, por tanto, no representan a nadie.
Según diversas publicaciones contrastadas, el Cabildo de Gran Canaria tiene 52 cargos de confianza (la corporación está formada por 29 consejeros). El Gobierno de Canarias, formado por el Presidente y ocho Consejeros ha reducido sus asesores a 95 (tenía 105). El Ayuntamiento de Telde, formado por 27 concejales, tiene 15 asesores. El Ayuntamiento de La Laguna, con 27 concejales, tiene 19 cargos de confianza y, según el grupo XTF (oposición) se ha añadido 10 más de manera camuflada. Santa Cruz de Tenerife con el mismo número de concejales que La Laguna (27), duplica su número de asesores: 38 cargos de confianza. El Cabildo de Tenerife empezó la actual legislatura con 34. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con 29 concejales no ha informado de su cifra de asesores, pero en su presupuesto para el presente año dedica 409.002 euros (68 millones de las antiguas pesetas) a esos menesteres. Y así, podríamos continuar rastreando otras instituciones de aquí y de allá.
Evidentemente, no todos los asesores y cargos de confianza cobran lo mismo, pero eso sí: todos cobran. Por otra parte, los miembros electos con dedicación exclusiva pertenecen normalmente al grupo de gobierno y la oposición suele tener unas retribuciones muy reducidas.
Como podemos ver, el asunto de los asesores y demás cargos de confianza no es exclusivo de un sólo partido ni de una institución. Todos los partidos políticos en todas las instituciones recurren sistemáticamente a esta fórmula dedocrática de conceder sueldos a sus más afines y fieles amigos.
Ya que hemos iniciado este artículo a partir de las declaraciones del Presidente del Cabildo de Gran Canaria, veamos qué ocurre, en esa institución. La Corporación, formada por 29 consejeros electos, tiene nada menos que 52 cargos de confianza. La mayoría de gobierno la componen 16 consejeros. Pues bien, esa mayoría de 16 personas ha nombrado a dedo a otras 52. O lo que es lo mismo, sale a 3,2 cargos de confianza por cada consejero del grupo de gobierno. No olvidemos que, además, cada institución tiene sus propios trabajadores y funcionarios.
Pero esta situación no es exclusiva de Gran Canaria, ni siquiera de esta Comunidad Autónoma. Ahí tenemos el caso de la Comunidad de Castilla La Mancha, cuyo gobierno ha planteado reducir a la mitad (50%) el número de diputados regionales, después de ya haber suprimido la remuneración económica a los diputados de la oposición, elegidos todos democráticamente. Sin embargo, se mantiene íntegramente los sueldos de los asesores y cargos de confianza (que no representan a nadie) y ni siquiera se ha planteado reducir su número. Eso se llama pervertir la democracia o no creer en ella.
Esta duplicación y hasta triplicación de los cargos de confianza en relación al número de los miembros que gobiernan las instituciones, es lo que constituye la auténtica ruina económica de éstas. Es aquí donde hay que poner el foco y utilizar con rigor el bisturí de los recortes, pues los códigos éticos y la buena voluntad de los partidos no sirven de nada.
Ante esta situación, ¿qué se resuelve económicamente reduciendo 10 diputados, 6 consejeros en los cabildos o 4 concejales? Nada, absolutamente nada. Es sólo humo para continuar enervando a los ciudadanos contra la actividad política. Además, a los que quedan excluidos de las listas por esta reforma que se propone, luego el partido los premiará con un cargo de confianza y ¡aquí no ha pasado nada!
El nombramiento de asesores y cargos de confianza no puede continuar dependiendo de la libre voluntad de los grupos de gobierno y sin limitación alguna. La verdadera solución pasa -aún considerando la necesidad de algunos asesores- por reducir por ley el nombramiento de cargos de confianza en función del número de representantes elegidos en cada corporación. Por ejemplo, podríamos proponer un 30% de cargos de confianza. Lo que haría que, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria pudiera nombrar 7 u 8 asesores. Recordemos que actualmente tiene 52 cargos de confianza. Sólo el Cabildo se ahorraría 44 sueldos.
Apliquemos esta fórmula a todas las instituciones y se conseguirá el objetivo económico propuesto por el Sr. Bravo de Laguna. Por tanto, concluimos que no sólo no tendríamos que reducir la representación democrática, sino que además, podemos ampliarla significativamente sin que ello supusiera problema económico alguno.
Por todo lo expuesto, reducir la representación política es hacer populismo barato y demagogia antidemocrática. Frente a la desconfianza y el desapego de los ciudadanos ante la política y los políticos, no reduzcamos la democracia. Al contrario, hagámosla más fuerte y participativa ampliando significativamente la representación institucional para que la pluralidad ideológica y política de la sociedad, representada por los partidos y organizaciones minoritarias, quede mucho más fielmente reflejada en los parlamentos e instituciones.
Desalojemos a la mayoría de los asesores y cargos de confianza que no representan a nadie y, además, arruinan económicamente a las instituciones. Que nos gobiernen los elegidos por el pueblo. Ampliemos la democracia, nunca la reduzcamos y, mucho menos, haciendo trampas. ¡Democracia real, ya!
NOTA: El Ayuntamiento de Agüimes, formado por 21 concejales, está gobernado por ROQUE AGUAYRO, con una mayoría de 14 personas elegidas democráticamente (liberados en un 82%) y tiene sólo dos cargos de confianza equiparados salarialmente al nivel de administrativo.
