Hace unos días, los medios de comunicación de Tenerife describían una estampa que vivían en tiempo real, en un rincón del sur de esta Isla: “Un total de 210 personas vulnerables, pertenecientes a unas 90 familias, entre las que se encuentran niños, embarazadas, mayores, enfermos, refugiados ucranianos y ciudadanos de otras nacionalidades, están desde la mañana de ayer en la calle, como consecuencia del desahucio del edificio Chasna 8, en Costa del Silencio (Arona), ordenado por el Juzgado de Primera Instancia nº 3, por los problemas estructurales de la construcción, que tiene riesgo de derrumbe”.
La narración del periodista añadía que “en los aledaños del edificio se podían ver los corros de personas, junto a sus colchones, muebles, maletas e, incluso, alguna bombona. Algunos en sillas de ruedas y otros, con los carritos de sus bebés. La tensión en el ambiente era palpable. Incluso, en algún momento, llegaron a escucharse llantos y gritos desesperados a los agentes de la Guardia Civil, que entraron en el inmueble para comprobar que estaba vacío.
También se veía otras familias que esperaban resignadas junto a sus enseres, sentadas en sillas y bajo algunas sombrillas para refugiarse del sol mañanero”. La escena descrita no ocurrió en una área deprimida y subdesarrollada de las Islas. Tampoco estaba fechada en plena situación de cataclismo económico o turístico. O en una etapa en la que los nacidos o residentes en esta tierra estábamos abocados a emigrar, porque el Archipiélago no ofrecía oportunidades de trabajo, cuando la necesidad y la miseria empujaban a cruzar el Atlántico, en busca de las oportunidades que no surgían aquí.
De ahí que insistamos en que la escena descrita por el periodista tuvo lugar en uno de los municipios con mayor renta de las Islas. En el corazón de la zona de expansión turística de Tenerife y en unos momentos en los que nuestra economía crece por encima de la media española, con la ocupación turística pulverizando todos los récords históricos.
Por si fuera poco, los hechos sucedidos en la Costa del Silencio surgen en medio de una queja generalizada, prácticamente en todos los sectores, acerca de la escasez de mano de obra para un sinfín de ocupaciones. Y ello, paradójicamente, cuando seguimos soportando unos niveles de paro entre los más altos de Europa, por más que nuestra economía genere puestos de trabajo, sin que los residentes hallen incentivos suficientes para emplearse.
Con todo, la falta de incentivos para que la gente trabaje y la obtención de ayudas a quienes no quieren hacerlo constituyen el cóctel perfecto para seguir aproximándonos, poco a poco, a un modelo de sociedad más parecido al de determinados países sudamericanos que a los más competitivos de occidente.
Mientras tanto, al tiempo que nuestro empresariado turístico anuncia otro lleno para esta Semana Santa, persiste en su denuncia acerca de la perenne escasez de mano de obra. No encuentran cocineros, ayudantes de cocina, camareros, gobernantas, camareras de piso… Todo un contrasentido.
La carencia de medidas incentivadoras o coercitivas para ocupar a la población desempleada empuja al sector a seguir acudiendo a la importación de mano de obra foránea. En consecuencia, los trabajadores incorporados, procedentes del exterior, pasarán a engrosar también las listas de usuarios de servicios públicos como la sanidad y la educación. Demandarán unas viviendas cada vez más escasas. Incrementarán el parque móvil de vehículos en carreteras de por sí colapsadas…
Sin duda alguna, esta peliaguda situación a la que estamos llegando exige una reflexión urgente, para la consiguiente toma de medidas, antes de que se convierta en insostenible. La bonanza del sector turístico y un crecimiento económico por encima del observado en el conjunto del Estado convierten en injustificable cualquier bolsa de miseria, igual que problemas sociales emergentes como el aludido en Costa de Silencio. Se trata de una amenaza muy peligrosa sobre nuestra sostenibilidad social, que obliga a fijar la atención en el problema y dejar de mirar hacia otro lado.
