Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, revalidó hoy el compromiso del actual Gobierno insular de continuar implementando medidas para alcanzar la democratización de la educación, la cultura y el deporte en la Isla, porque, en la actualidad, "una sociedad, inesperadamente más desigual, demanda medidas compensatorias y una política que atienda las causas estructurales de la desigualdad que genera exclusión".
Así lo manifestó en el acto de apertura de la “Jornada Nacional Una Sociedad Inclusiva: Educación, Cultura, Deporte”, organizada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebró durante toda la jornada de este lunes, y en el que estuvo acompañado por el Rector de la entidad, Lluis Serra; el Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Germán Gallardo, y la directora del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social, María del Sol Fortea.
Germán Gallardo destacó el papel protagonista de la ULPGC en el debate sobre la inclusión en el ámbito educativo. María del Sol Fortea destacó el nivel de las jornadas, sus ponentes y mesas de debate, mientras Lluis Serra agradeció el apoyo del presidente insular a diversas acciones de la comunidad universitaria.
El presidente Morales constató en su intervención que la Corporación insular vive muy cerca las circunstancias que están quebrando la sociedad, especialmente en los últimos años, en los que, sin haberse recuperado totalmente de los efectos de la crisis económica y social de 2008, la ciudadanía ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias de una pandemia y de la guerra de Ucrania, que, además, "en Canarias han tenido episodios agravantes que están modificando las condiciones básicas de nuestra gente", sostuvo.
"La sociedad tiene recursos, por eso no podemos resignarnos y permitir, como está ocurriendo en demasiadas ocasiones, que un tercio de la población se quede atrás y que no tenga la garantía de alcanzar los bienes educativos, culturales y deportivos que nos hacen plenamente personas", aseveró. "El Cabildo de Gran Canaria, con competencias educativas muy limitadas, pero con el convencimiento, como Gobierno de la Isla, de que puede facilitar el progreso en estas dimensiones comentadas, se implicará cada vez más en acciones que nos hagan avanzar hacia esa Isla de oportunidades en la que estamos comprometidas y comprometidos".
Así, el presidente insular reflexionó acerca de cómo los procesos de globalización, la desregulación de las relaciones laborales, la concentración de poder de las empresas multinacionales y la deslocalización de las empresas han debilitado y han hecho más dependientes a los colectivos que tienen menos capacidad de adaptación. Una situación a la que hay que enfrentarse desde el convencimiento de que es necesaria la cooperación interadministrativa, dado que, "nuestra experiencia nos dice que la cooperación y la colaboración de las administraciones públicas ha sido imprescindible porque hay colectivos vulnerables que están especialmente en riesgo de exclusión, si dependieran exclusivamente de los recursos privados", sentenció.
A este respecto, hizo hincapié en que, para hacer frente a esas dificultades, se deben prevenir factores condicionantes como el nivel de formación, el género, la edad, la situación laboral, las discapacidades o la posición socioeconómica. Y, en este contexto, se refirió a los colectivos que, a su juicio, experimentan con mayor virulencia estos problemas, como las mujeres, las y los jóvenes en paro, las personas en desempleo de larga duración, todas y todos aquellos que no tienen ingresos, las unidades familiares con entradas inferiores al salario mínimo interprofesional y los trabajadores y trabajadoras con empleo cuyos sueldos no les permiten atender las necesidades esenciales como la alimentación, la vivienda o el cuidado de sus hijos e hijas.
En cuanto a la formación, puso el acento en la obligación de conseguir que las oportunidades de la educación y la formación lleguen a todos los sectores de la sociedad. "Pero debemos ser ambiciosos y rompedores, porque los datos de la reproducción del éxito y el fracaso educativo, según el origen social, continúan produciéndose", advirtió. "Un objetivo de una política educativa justa en Canarias debería ser que el 90% de nuestras y nuestros jóvenes accediera a una titulación superior, ya sea universitaria o de formación profesional. Nos queda muchísimo para alcanzarlo, aunque se haya avanzado desde que Canarias tiene competencias educativas", subrayó.
En este contexto, abundó igualmente en la necesidad de afianzar otras dos herramientas esenciales para la inclusión: la democratización de la cultura y la práctica generalizada del deporte como fuente de socialización y salud. Una tarea para la que insistió en que es preciso mantener la cooperación con otras administraciones y entidades, entre las que citó, a modo de ejemplo, el papel cultural del Museo y Parque Arqueológico de la Cueva Pintada, la tarea educativa de la Asociación Plena Inclusión, la aportación del Club Baloncesto Gran Canaria con el programa SUMA o la labor de Barrios Orquestados.
