La Proposición de Ley Orgánica de Amnistía y de Resolución del Conflicto Político entre Catalunya y el Estado Español , será próximamente debatida y aprobada por la mayoría parlamentaria que ya posibilitó el nombramiento de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados.
En términos generales, “quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa realizados desde el 1 de eneró de 2013 y hasta el momento de entrada en vigor de la presente ley, cualquiera que sea su denominación y contenido. Se entenderá por intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo sobre el futuro político de Catalunya del 9 de noviembre de 2014 como el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, así como los actos de protesta en la vía pública que, con la finalidad de defender dicho referéndum o de criticar la actuación de las autoridades gubernativas o jurisdiccionales hubiesen sido perseguidos penalmente o administrativamente desde la fecha de celebración de dicho referéndum. Se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la actividad sujeta a procedimiento penal, en cualquiera de sus fases preprocesales, procesales y de ejecución, o administrativo, en cualquiera de las fases de iniciación e instrucción y de finalización del procedimiento”.
Para entendernos, la Proposición de Ley de Amnistía presentada en el Congreso por el PSOE y los grupos que facilitarán la investidura de Pedro Sánchez, bien podría denominarse Proposición de Ley de Amnesia para Catalunya desde el 1 de enero de 2013 hasta el momento de su entrada en vigor.
En efecto, en el fondo lo que plantea la proposición de ley pactada entre Pedro Sánchez, Puigdemont y Oriol Junqueras, es que nos olvidemos de todo lo que ha pasado en Catalunya desde enero de 2013.
La amnesia que se solicita incluye los chantajes a los Poderes del Estado, los desórdenes públicos provocados por los seguidores de Puigdemont y Junqueras, los actos de rebelión y de sedición de los independentistas catalanes, el referéndum unilateral, los tensos y graves momentos que obligaron al Rey a dirigir un mensaje en defensa de la Constitución y de la unidad de España que la misma preconiza; además, Sánchez también demanda una Ley de Amnesia que haga olvidar que el mismo fue complice de Mariano Rajoy y del Partido Popular en la aplicación del artículo 155 de la Constitución que supuso la destitución del President Puigdemont y la disolución del Parlament.
Una parte de la ciudadanía se pregunta el por qué de un cambio tan radical en el posicionamiento político de Sánchez con respecto al conflicto catalán. Hasta el momento no hay una explicación clara y convincente de un cambio de rumbo que justifique tal decisión. El silencio del presidente en funciones alimenta las tesis de los populares de que está anteponiendo su interés personal a los intereses generales del Estado.
En un estado descentralizado, como es el español, el diálogo, el pacto y el entendimiento son imprescindibles entre el Gobierno del Estado y los distintos territorios que lo componen. En el caso que nos ocupa, entre el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya. Ahora bien, el pacto, el acuerdo y el entendimiento obliga debe obligar a las dos partes.
El problema es que a la voluntad pactista expresada por el Gobierno de España, la respuesta soberbia y provocadora de Puigdemont y Junqueras es que seguirán trabajando en su objetivo rupturista.
El futuro sentenciará si la Ley de Amnistía -o de Amnesia- que Sánchez propone para Catalunya le convertirán en héroe o villano.
