La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a promover una modificación legislativa por la que se fije en un 80% el diferencial fiscal entre Canarias y el resto del Estado para las deducciones a las producciones audiovisuales. El compromiso se alcanzó en una reunión con el secretario general del PSOE en Canarias -y presidente del Gobierno-, Ángel Víctor Torres; el presidente de Nueva Canarias -y vicepresidente y consejero de Hacienda-, Román Rodríguez, y el diputado estatal de NC, Pedro Quevedo, en el marco de los contactos de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Torres, Rodríguez y Quevedo plantearon como paso previo a esta negociación el acuerdo sobre el diferencial fiscal en materia audiovisual.
En la reunión, a la que también asistió el director del Gabinete de la ministra, Carlos Moreno, se acordó dar una salida política a la discusión planteada en torno a las deducciones fiscales establecidas en el Régimen Económico y Fiscal (REF) para las producciones audiovisuales.
La titular de Hacienda se ha comprometido con Torres, Rodríguez y Quevedo a llevar a cabo una modificación de la Ley antes de que acabe el año 2021, en aras de zanjar el problema suscitado, ya que, mientras que la Abogacía del Estado ha aclarado en un informe que las recientes modificaciones introducidas no vulneran el REF al no estar fijado un porcentaje para los límites, desde el Parlamento y el Gobierno de Canarias se entiende que sí.
Con el cambio legal acordado ayer, se establecerá definitivamente por escrito el diferencial del 80% a favor de Canarias para ajustarse a la filosofía del REF mediante una modificación legislativa antes de final de año. Es decir, que, si se aplican deducciones por 10 millones de euros en el resto del Estado (como ocurre en la actualidad), en Canarias se aplicarán 18 millones de euros. De esta forma, se disipará la controversia sobre las modificaciones del REF que afectan a las producciones audiovisuales en Canarias, en cuya Disposición Adicional XIV se fijaban cantidades exactas en los topes para las deducciones a esta actividad y no se establecían los porcentajes de diferencial positivo para Canarias con respecto al resto del territorio estatal.
Ambas formaciones políticas consideran que este acuerdo otorgará más seguridad al sector y eliminará de forma inequívoca posibles interpretaciones jurídicas en el futuro sobre la Ley.
