Otra vez lo mismo. Llegan días en los que los canarios que viven fuera desean reencontrarse con sus familias en Canarias, familias que viven aquí quieren visitar a familiares que están fuera o peninsulares que quieren disfrutar las vacaciones navideñas en la Islas. Un deseo, el de los reencuentros familiares por las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, o un sueño, el de pasar unos días en nuestras Islas en estas fechas, que en ambos casos es tan fuerte que sólo los pueden frenar los abusos, absolutamente incontrolados, de la compañías aéreas con los precios de los billetes.
El liberalismo salvaje y usurero debe de tener un límite cuando afecta a sectores estratégicos de la economía y la sociedad. Sin duda, así debe considerarse la energía, el agua, los recursos naturales o el transporte terrestre, marítimo y aéreo. Ante la repetida cacicada de los operadores aéreos cuando llegan fechas de mucha demanda, crece la indignación ciudadana y los responsables públicos anuncian, una vez más, el estudio de fórmulas que pongan límite a tanto desafuero, atropello y arbitrariedad.
En diversas ocasiones ha defendido que la solución para atajar de raíz la intolerable falta de respeto de las compañía aéreas a los ciudadanos -muy especialmente a los que vivimos en las Islas- está en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1998.
En la Legislatura 1996-2000 Aznar necesitó los votos de Coalición Canaria para formar Gobierno. Los 16 diputados de Convergencia i Unió y los cuatro diputados nacionalistas canarios se sumaron a los a los 156 obtenidos por el PP, garantizando así una mayoría parlamentaria de 176 escaños. Sin duda, la debilidad parlamentaria con la que partía el Partido Popular ayudó a que Canarias alcanzara el acuerdo más importante de nuestra historia en las relaciones con el Estado. Dada la importancia estratégica que el transporte aéreo tiene para unir y cohesionar las Islas entre sí y éstas con el exterior, este avance ocupó un espacio muy importante en los acuerdos que fueron rubricados en el Congreso de los Diputados por el candidato a investir, José María Aznar, y el entonces presidente de Canarias, Manuel Hermoso.
En lo que se refiere al asunto que hoy nos ocupa, el control de los precios de los billetes aéreos, las negociaciones con el Ministro Rafael Arias Salgado fueron tensas y muy duras. Sólo el enorme peso que tenían los cuatro diputados para la estabilidad del Gobierno de Aznar posibilitó un acuerdo in extremis con una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1998. El asunto central fue nuestra firmeza en la exigencia de que se declarara Obligación de Servicio Público el tráfico aéreo entre las Islas y de éstas con la Península. El planteamiento que hicimos al Gobierno central tuvo siempre las reservas de una buena parte del empresariado canario, partidario del libre mercado, sin control público.
La posición de partida de los cuatro diputados de Coalición Canaria fue que con la liberalización del transporte aéreo en Europa y la privatización de Iberia y sus filiales podíamos pasar de un régimen de monopolio público a otro privado. Gestionamos en Bruselas la viabilidad de nuestra propuesta y recibió el visto bueno del la Dirección General de Transportes de la Comisión Europea y pusimos un alto precio al apoyo presupuestario de aquel año.
En la referida la Ley de Acompañamiento del año citado se declara Obligación de Servicio Público los trayectos entre las Islas y se declara Obligación de Servicio Público los trayectos entre Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y la Península, siempre que no funcione la competencia en cuanto a frecuencias, calidad del servicio y precios. Sin duda, estamos en este supuesto. Desde mi punto de vista, los trayectos Canarias-Península están declarados Obligación de Servicio Público. Sólo es necesario activarlo.
La declaración de OSP, permite al Gobierno de España poner tope al precio de los billetes, como sucede en lo trayectos entre las Islas.
