Construir un país no puede ser un lema vacío, sin contenido, sin concreción en las políticas que se ponen en práctica para alcanzar ese objetivo. Un país no puede construirse a espaldas de las necesidades de sus habitantes. No es sólo una articulación política-institucional. Es, de manera determinante, un proceso de cohesión social y de proyecto común. Y ahí residen muchas de nuestras profundas carencias que, cuando celebramos el Día de Canarias, también deben de estar presentes para saber dónde estamos y para ser conscientes de la perentoria necesidad de superación de una realidad claramente insatisfactoria.
Para construir este pequeño país es muy importante, sin duda, incrementar el autogobierno a través de la reforma estatutaria que actualmente se está tramitando en las Cortes Generales, aumentando la capacidad de decisión en diversos ámbitos. Pero también es muy relevante el buen gobierno, la dirección adecuada de nuestras competencias en materia sanitaria, educativa, de aplicación de la ley de dependencia o en las legislaciones y políticas en los ámbitos territoriales y medioambientales. Así como mejorar sustancialmente la calidad de la democracia con un sistema electoral que favorezca la mayor pluralidad y reduzca la actual e injusta desproporcionalidad entre los territorios.
La Canarias de 2017 padece problemas muy graves. Nos hemos ido alejando de la convergencia con España y con la Unión Europea respecto a la renta media por habitante. Tenemos un 25,7% de desempleo en la última Encuesta de Población Activa (EPA), un 52% de paro juvenil, un tercio de la población situada en riesgo de pobreza, más de cien mil familias con todos sus miembros en desempleo, una enorme precariedad laboral y bajos salarios, falta de respuesta a la demanda de viviendas planteadas por miles de personas que con sus escasos recursos económicos no pueden acceder a una casa en el mercado libre, tanto de compra como de alquiler.
Un país no se puede permitir que una parte significativa de su gente esté al margen de los niveles mínimos de bienestar. Ni que la pobreza infantil lastre el futuro de miles de niños y niñas, sus expectativas educativas y laborales.
Tampoco puede permitirse que se cantonalicen sus políticas –como sucede con la Ley del Suelo- o que el insularismo radical contamine hasta los repartos de los presupuestos públicos, con propuestas del presidente del Gobierno canario tan grotescas como hacerlo sobre la base de la triple paridad. O con su intento de poner al presidente del Cabildo de Tenerife por encima de la normativa y del propio Gobierno de Canarias.
Sostenible
Un país no se edifica condicionando gravemente el futuro, al poner en riesgo el territorio y el medio ambiente desde políticas ajenas a un desarrollo sostenible y que repiten fracasados planteamientos desarrollistas. Un país exige políticas que permitan que el crecimiento económico no arrase con el medio ambiente y que posibilite un mejor reparto de la riqueza, generando empleo de calidad, fortaleciendo los servicios públicos que tanto aportan a la equidad.
Considero a la política esencial para transformar la actual situación de Canarias. Con una fiscalidad justa y progresiva que ofrezca recursos para contar con unos servicios públicos de máxima calidad. Con una visión nacional canaria que dé respuesta a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas residan donde residan. Con una apuesta nítida por un desarrollo al servicio de los hombres y mujeres del Archipiélago. Con un impulso a las energías renovables. Con mayores niveles formativos de nuestra gente. Con una movilidad sostenible y accesible económicamente.
A este último asunto, al de la movilidad, hemos dedicado una parte importante de nuestros esfuerzos en la compleja negociación que estamos manteniendo con el Gobierno central en torno a los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Nuestra condición archipielágica necesita respuestas que nos permitan contribuir a la cohesión social y económica, y que nos igualen a la situación que viven los ciudadanos y ciudadanas del territorio continental español, así como las empresas, abaratando los costos del transporte. Lo que todavía algunos en la Meseta entienden como un privilegio no lo es en modo alguno: se trata de una justa compensación por los hándicaps que suponen nuestra lejanía y fraccionamiento territorial.
Cien por cien en mercancías
En su momento, con el socialista Zapatero al frente del Ejecutivo español, en un marco económico mucho mejor que el actual, costó cuatro años de exigencias y negociaciones pasar del 33% al 50% en el descuento a los billetes aéreos interinsulares. Ahora, con menos tiempo de debate, con más incertidumbres económicas, hemos alcanzado un acuerdo, sin duda histórico. Un acuerdo que va a permitir que, desde el próximo mes de julio, la bonificación del billete, no solo de avión sino también de barco entre las islas para los residentes pase del 50% actual al 75%.
Asimismo, en nuestras conversaciones con el Gobierno estatal hemos acordado que los agricultores e industriales aumenten su competitividad mediante una bonificación del cien por cien del transporte de mercancías con la Península y entre las Islas, contribuyendo a que se abarate la cesta de la compra. Todas estas medidas se incorporarán al proyecto de ley del Régimen Económico y Fiscal (REF), que se tramitará en breve.
Otras decisiones relevantes son la financiación del Posei adicional por parte de la la Administración estatal y la inclusión de la extracción del agua de los pozos para el riego agrícola en el régimen de ayudas existente.
Canarias, 34 años después de la constitución de su primer Parlamento debe seguir avanzando en su construcción nacional, desde la unidad y el proyecto común, desde la cohesión social y la superación de sus actuales déficit, desde el incremento del autogobierno, el logro de más democracia y el desarrollo de políticas que impulsen el bienestar de todo sus ciudadanos y ciudadanas.
Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.
