Un ciudadano canario recibe per cápita cada año 386 euros menos para su sanidad, su educación y sus políticas sociales -386 euros menos de lo que reciben, de media, quienes viven en la Península-. Con el actual sistema de financiación los canarios perdemos 800 millones de euros al año, es decir, 132.000 millones de pesetas. ¿Es justo? ¿es solidario? ¿es razonable que el territorio que merece un mayor esfuerzo financiero sea el que menos atención merezca? No, no es justo que se obligue a los canarios a tanto sobreesfuerzo y sacrificio. No, no es razonable que a más de dos millones de ciudadanos se les niegue la posibilidad de realizar tantas acciones y mejoras como nos permitiría incrementar nuestros recursos en 132.000 millones de pesetas –a veces es importante recurrir a las pesetas, para dimensionar las cantidades de las que estamos hablando-.
Los datos son demoledores. Con la liquidación del sistema de financiación –año 2010- cada canario recibió 1.009 euros menos que cada cántabro y 793 euros menos que cada riojano. Y así, un largo listado que pone de manifiesto, negro sobre blanco, que los canarios merecemos que se corrija el modelo de financiación.
Hay que mirar hacia delante. No cabe perder un minuto volviendo la vista atrás, porque la crisis económica de los últimos años ha provocado que muchos sistemas y modelos –el de financiación, entre ellos- ya no den respuesta a una realidad y a unas circunstancias que no son las del momento en las que se aprobaron.
Hay que modificar el sistema de financiación, y hay que hacerlo cuanto antes. Una petición que Andalucía y Canarias hacemos a una sola voz, porque coincidimos plenamente en la necesidad de introducir lo antes posible las reformas que sean necesarias para, de esa manera, apuntalar los servicios públicos y garantizar que todos los ciudadanos reciban prestaciones de idéntica calidad vivan en el territorio que vivan. En este asunto, Canarias y Andalucía unimos nuestras voces, que representan nada más y nada menos que a diez millones de ciudadanos del Estado. Ahora que también Murcia, Valencia y Baleares han levantado la voz –juntas no llegan a los ocho millones de habitantes-, el Gobierno de España debe atender y escuchar los planteamientos de muchas comunidades y la posición común andaluza y canaria.
Urge cambiar el modelo para hacerlo más justo y solidario. Estando en juego la prestación de servicios públicos esenciales, no hay argumentos para perpetuar esa diferencia entre los ciudadanos de unas u otras comunidades autónomas.
Es imprescindible definir un nuevo reparto de los fondos previstos en el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y debe hacerse colocando a las personas por encima de los distintos territorios. Ésa es la posición que he mantenido en los últimos años y ésa es también la posición que Canarias comparte con otras comunidades autónomas, independientemente de qué partido las gobierne en estos momentos.
Hay una coincidencia casi generalizada en que el actual modelo es injusto y que precisa de una revisión para adaptarlo a las actuales condiciones económicas, por un lado, y para equiparar las percepciones entre los ciudadanos de todas las autonomías.
Esta misma semana hemos visto cómo los presidentes de tres gobiernos del PP –los ya aludidos de Baleares, Valencia y Murcia- han escenificado su rechazo al actual modelo calificándolo de “injusto, opaco e insuficiente” , reivindicando al ministro de Hacienda un nuevo sistema con el que puedan cubrir los servicios básicos. No son los únicos: junto a Andalucía y Canarias, también el Gobierno de Madrid se ha mostrado crítico.
En los dos últimos años he tenido la oportunidad de hablar sobre este asunto con muchos presidentes autonómicos, y en todas las conversaciones se puso de relieve el perjuicio que provoca el modelo aprobado en 2009 para nuestros respectivos territorios.
De cualquier modo, la situación de Canarias en ese mapa de distribución de recursos es especialmente mala, tal y como han reconocido públicamente los expertos del Ministerio que están elaborando un nuevo sistema para calcular las balanzas fiscales.
El Archipiélago es una de las comunidades peor financiadas, lo que quiere decir que hemos tenido que realizar un esfuerzo enorme en estos últimos años para poder sufragar los servicios públicos esenciales, derivando partidas de otros capítulos para mantener su cobertura pública; y lo hemos hecho, además, cumpliendo escrupulosamente los criterios de contención del déficit, gracias a un trabajo serio y riguroso en la gestión de las cuentas públicas.
Pero el marco tiene que ser necesariamente otro; más justo y equitativo. En ese contexto, las balanzas fiscales no deben ser utilizadas por las comunidades autónomas para exigir tanto dinero como aportan al sistema.
La prestación de los servicios básicos ha de acometerse bajo el principio de solidaridad, porque a las diferencias en el nivel de renta de las autonomías –hay comunidades autónomas más ricas que otras- no pueden añadirse nuevos elementos distorsionadores que provoquen un Estado donde los territorios avancen presupuestariamente a distintas velocidades.
