El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha avanzado este miércoles los detalles del proyecto de decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, en el que se condensa la política a desarrollar por el Ejecutivo para promover la disposición de inmuebles en el mercado, especialmente los protegidos, favoreciendo y simplificando la gestión para que puedan construirse o destinarse a un uso habitacional.
A través de treinta artículos y varias disposiciones transitorias y adicionales, la norma persigue tomar decisiones sobre todas las dimensiones que presenta la oferta de vivienda: la disponibilidad de suelo donde construir, facilitando su transformación jurídica y material; la viabilidad de usar como viviendas construcciones y edificaciones ya existentes, incluyendo las no terminadas, y la adecuación de las normas sobre viviendas protegidas para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de los demandantes.
“La trama urbana actual cuenta con suelos que no se han desarrollado, por lo que vamos a priorizar la construcción de vivienda protegida en ellos, sin consumir nuevos, para incrementar el parque público”, ha detallado. No obstante, Pablo Rodríguez ha puntualizado que seguirán siendo los municipios los que determinen qué suelos se pueden destinar a vivienda pública. “El decreto solo acelerará los procedimientos e impulsará los trabajos en suelos antropizados para dar salida a construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas”, ha destacado.
En este sentido, se favorecerá la compatibilidad del uso residencial y del turístico en suelos sin desarrollar, donde un tercio de la edificabilidad deberá ser destinado a vivienda protegida, y también se fomentará la recuperación de suelo urbanizable residencial que ya se encontraba previsto como tal en instrumentos de ordenación no adaptados. En este caso, el cincuenta por ciento de la construcción será destinada a vivienda protegida de promoción privada.
“Uno de los puntos más importantes para impulsar la construcción de vivienda protegida es la modificación del Módulo Básico canario, adecuándolo a la realidad actual del mercado y a cada isla”, ha explicado. En Gran Canaria y Tenerife se elevará a los 1.905,26 euros/metro cuadrado, y en el caso de La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura a 2.133,89 euros.
Asimismo, el consejero también ha destacado que se amplía el tipo de unidades familiares que pueden acceder a las viviendas protegidas de régimen general, incluyendo a los núcleos que no excedan cinco veces el IPREM, -las que no excedan seis veces el IPREM, solo en determinados supuestos-, lo que permitirá que las clases medias también puedan beneficiarse de esa medida.
Para desarrollar esta normativa, que será elevada la próxima semana al Consejo de Gobierno, la Consejería ha contemplado las propuestas desarrolladas en esta materia por otras comunidades autónomas, como Baleares, con buenos resultados, adaptándolas a la realidad del suelo y de la vivienda en las islas.
Pablo Rodríguez ha señalado que con este proyecto de decreto ley se fomenta la creación de puestos de trabajo con el impulso al sector de la construcción, en retroceso desde la crisis financiera e inmobiliaria de 2008. “Además, aumentamos la oferta de vivienda, lo que permitirá equilibrar el mercado y hacer que descienda el precio del alquiler y venta en el mercado libre, e impulsamos la disponibilidad de viviendas en zonas en las que su ausencia amenaza el empleo en el sector público y turístico”, ha concluido.
Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional
En este sentido, el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda se suma a la decena de iniciativas recogidas en el Plan de choque aprobado por la Consejería a finales del pasado año, para garantizar el acceso a la vivienda de todos los canarios y canarias.
Por un lado, la Consejería ha acordado cubrir 72 plazas vacantes en el Instituto Canario de la Vivienda, con el objetivo de llevar a cabo una adecuada gestión y tramitación de todos los expedientes que se generan, para facilitar una mejor información y atención ciudadana.
Asimismo, se han planteado dos nuevos programas como ‘La Palma 700’, pensado para cubrir los daños materiales producidos tras la erupción volcánica, a través de 17 actuaciones, distribuidas en 11 municipios, que posibilitará la construcción de más de 600 viviendas al contar con una inversión inicial de 100 millones de euros, o el programa ‘Rural Life 5×1000: Fortaleciendo nuestros pueblos”, una medida que pretende consolidar la población en los municipios rurales de Canarias de hasta 20.000 habitantes, ofreciendo viviendas de promoción pública en régimen de alquiler.
