La diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha vuelto a denunciar el abandono al que este Gobierno somete a los más de 300 mayores que “viven” en los hospitales de Canarias, “sin que nadie se haga responsable de esta “grave y triste realidad”. Una vez más, ha reclamado, una solución urgente, así como la puesta en marcha del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, “que lleva un retraso enorme” y sufre recortes continuos, como los 11 millones que el pasado año el Gobierno derivó a otras partidas por falta de ejecución de los fondos. En los presupuestos para 2023, el Plan contará con 10 millones menos.
Esta situación empeora cada vez más y por eso Espino ha señalado que la orden que, de manera conjunta, pusieron en marcha Sanidad y Derechos Sociales para derivar a estas personas a plazas sociosanitarias “no está funcionando como debería porque no da salida a la gran cantidad de mayores que entran en los hospitales y que, a pesar de tener el alta, terminan quedándose”. “Ustedes se comprometieron a que saldrían para ser bien atendidos en esos centros”, ha recordado la diputada. “Pero tiempo después, lo que vemos es que el número de mayores no disminuye sino que aumenta.
“Son personas sanas que pasan meses sin ver la luz del sol porque no tienen a nadie que les lleve a dar un paseo”, ha lamentado Espino. “Solo de vez en cuando, lo hace personal voluntario”. Se ha dado el caso de mayores que han vivido hasta tres y cuatro años en algún hospital y los propios sanitarios han sido los únicos que han ido a su funeral. “Es una situación muy triste y muy grave”, ha insistido la diputada que exige soluciones y dejar de mirar para otro lado porque “los mayores de Canarias nos necesitan y, algún día, todos seremos mayores”.
Otro de los problemas a los que se ha referido es la falta de geriatras en el sistema público. Según ha informado la Consejería de Sanidad a una pregunta de la diputada, en el Servicio Canario de la Salud hay solo 24 geriatras: uno en el Hospital Doctor Negrín, en Gran Canaria; 6 en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, 3 en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife y 14 en el Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote. Ante esta carencia de especialistas, Espino ha destacado la necesidad de contar con una plantilla especializada en estos pacientes y en sus enfermedades crónicas.
Falta de repuesta en Derechos Sociales
Abandono es también lo que la Consejería de Derechos Sociales está haciendo con las personas que cada día siguen esperando por una respuesta a su dependencia y que el pasado mes de octubre arrojó la terrible cifra de 500 personas fallecidas en Canarias mientras aguardaban por la atención a su dependencia. Son datos del Imserso que también constatan que, en las Islas, se tardan 664 días para la resolución del grado, cuando la media en el conjunto de España es de 215 días. En el caso de la resolución de prestaciones, la espera alcanza los 313 días. La media nacional es de 125 días.
Y mientras esto sucede, la consejera Noemí Santana “le quita dinero a la dependencia”, ha vuelto a denunciar la diputada. La consejera de Derechos Sociales, recortó el pasado año 11 millones de euros de la partida destinada a dependencia, tal y como se puede constatar en un informe firmado por la interventora general de la Comunidad Autónoma, donde consta la modificación de crédito con la que Santana quiso ocultar la mala ejecución de su presupuesto del que se dejaron 16 millones sin ejecutar.
Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, Vidina Espino ha vuelto a preguntar a la consejera sobre el grado de ejecución del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias y cuántas plazas se han puesto en marcha en esta legislatura. También se ha interesado en conocer cómo va el plan Canarias te cuida y le ha recriminado que hayan precarizado los cuidados, tal y como denuncian los propios afectados y las cuidadoras. “No es lo mismo la prestación económica que la de servicios”, ha aclarado la diputada.
Otra de las preguntas que Espino ha hecho tiene que ver con las recomendaciones del Diputado del Común que, en su último informe sobre dependencia, aconsejaba contar con un programa informático adecuado que no existía, la agilización de la tramitación de expedientes, impulsar el Plan Sociosanitario y una nueva relación de puestos de trabajo en el servicio. Tampoco está en marcha la historia social única que recoge la ley de derechos sociales de Canarias.
