UGT Servicios Públicos denuncia la deficiente atención que se presta a la ciudadanía en las comisarías de policía de las Islas. Servicios como la tramitación del DNI, el pasaporte, permisos de residencia, etc, se están viendo deteriorados perjudicando tanto, a la calidad de esos servicios, como a la carga de trabajo de los empleados y empleadas del organismo.
La tensión provocada por la necesidad de racionalizar las citas presenciales, tras la pasada pandemia y la crisis energética, no se ha visto respaldada por las necesarias adecuaciones de los equipos y de las plantillas para poder asumir el incremento del esfuerzo que se le exige al organismo. No se han aumentado los puestos de trabajo destinados a afrontar esa circunstancia, lo que abunda aún más en el diferencial que ya se tenía en Canarias respecto al resto del Estado que, como en el resto de la Administración General, tiene un déficit comparado que llega a alcanzar un 50% de infradotación en función del número de habitantes.
La dificultad con la que se encuentran los usuarios para concertar citas presenciales hace que se acumulen a las puertas de las comisarías todos los días personas con necesidad urgente de ser atendidos, lo que duplica tanto la carga de trabajo de los trabajadores y trabajadoras como los tiempos de espera de los usuarios.
La obsolescencia del sistema y de los equipos informáticos hace que recurrentemente se produzcan fallos impidiendo las gestiones y, por tanto, aumentando aún más la desatención a los usuarios y la frustración de los empleados y empleadas públicos. Incluso después de dos años de haber licitado la compra del servicio y equipos de datáfonos para realizar los pagos de las distintas tasas por parte del Ministerio de Interior, esos equipos aún no han sido recibidos en Canarias, con lo que los usuarios se encuentran que han de acudir a las citas con el dinero justo y en metálico para poder ser atendidos, obligando también a los trabajadores y trabajadoras del organismo a hacerse responsables de la recaudación, con la responsabilidad que significa.
Por todo esto encomiamos tanto al Gobierno de Canarias como a la Delegación del Gobierno en Canarias, como responsables de la calidad del servicio público que se le presta a la ciudadanía en Canarias, a demandar del Gobierno central y del Ministerio de Interior la solución a esta discriminación respecto del resto del Estado, a adecuar las plantillas suficientemente y a dotar de los equipos e instalaciones necesarias para dar un servicio digno.
