UGT Canarias considera que la Ley de Economía Social de Canarias es clave de cara a generar empleo estable y de calidad más allá del monocultivo del turismo y rechaza frontalmente la postura de Consejo Económico y Social de canaria. La actual crisis económica que sufre, en mayor medida el Archipiélago dada su dependencia del monocultivo del turismo, es un claro ejemplo de la necesidad de diversificación del mercado laboral en las Islas. El desarrollo de este nuevo marco legal, en el que viene trabajado el Gobierno de Canarias con la participación de los agentes sociales y económicos, supone un impulso para sectores/subsectores económicos cuyo progreso se ha visto estancando por la falta de financiación o apoyo legislativo.
Esta Ley mantiene entre sus prioridades la creación de un ecosistema, orquestado a través de la puesta en marcha de planes y estrategias específicas, que apuestan claramente por el emprendimiento y por la economía social. De esta manera quedó refrendado en el denominado ‘Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias’, del cual formamos parte junto a otras fuerzas sindicales e instituciones, y mediante el cual se trabaja con el fin de recuperar la economía canaria tras el batacazo provocado por la Covid19, cuyas cifras son “sangrantes” con más de 87.000 trabajadores/as en situación de ERTE, la mayor parte ligados al sector servicio, y 280.650 desempleados/as.
Estos datos son fiel reflejo de una realidad laboral/económica “específica” de las Islas, circunstancia que desde la central sindical hemos venido denunciando reiteradamente ya que en los últimos años las Canarias se han afianzado a en el vagón de cola en cuanto desempleo y precariedad laboral. Si bien, en la actualidad existe una Ley estatal para el desarrollo de la economía social, esta deja la puerta abierta al desarrollo específico según las particularidades de los territorios, como es el caso más que demostrado de Canarias.
Dentro del marco de financiación específica que recoge el anteproyecto de Ley, esta misma semana, el Ejecutivo canario ha dado conocer un plan de actuaciones valorado en más de 700.000€ con un período de ejecución a cuatro años. Inversión que irá destinada directamente a la implementación y/o puesta en marcha de proyectos de economía social.
Por todo esto, para este sindicato el desarrollo de este marco legal específico es un derecho para la ciudadanía, sobre todo para las nuevas generaciones ávidas de iniciar nuevas fórmulas empresariales, que vayan más allá del sector servicio y del turismo con la finalidad de generar empleo.
