La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha trasladado este martes en el Parlamento regional su preocupación por “el escenario de auténtica incertidumbre” que está generando la aplicación del real decreto de ventanilla única digital para el registro y control de alojamientos turísticos de corta duración, impulsado por el Gobierno de España, y que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
Según advirtió la consejera, a solo siete días de que la norma sea efectiva, “quienes gestionan viviendas de uso turístico en las islas siguen sin saber qué requisitos específicos se les exigen o las consecuencias que podrían enfrentar si no se atienen al texto”. Además, señaló que el Ministerio de Vivienda sigue sin aclarar qué establecimientos deben inscribirse, lo que ha provocado intranquilidad entre los propietarios de casas rurales, “que no saben si tienen que registrarse o no”.
En lo que respecta a las Administraciones públicas, explicó que todavía se desconoce “cómo se va a coordinar la Ventanilla Única Digital con los sistemas de las Comunidades Autónomas”. De hecho, señaló que hasta el momento solo se ha activado la signatura que dan los registradores de la propiedad, pero sigue sin habilitarse la ventanilla única, que es un aplicativo distinto. Al mismo tiempo, recordó, “los Cabildos insulares han denunciado el colapso que están sufriendo por la duplicidad del registro y han avisado de que no van a llegar a tiempo”.
Durante su intervención, hizo hincapié también en la inseguridad jurídica que crea el real decreto al exigir a los propietarios inscribir sus viviendas en el registro, una imposición que contradice la ley hipotecaria, que en ningún caso obliga a realizar este trámite. Este requisito, “no es legal en España y afectaría especialmente a las islas verdes, donde miles de propietarios se quedarán fuera de las plataformas de comercialización por no haber efectuado el alta antes del 1 de julio, quedándose sin gran parte de su oferta alojativa en pleno verano”.
De León subrayó que la Comunidad Autónoma es consciente de que ordenar y regular la actividad del alquiler vacacional es prioritario, motivo por el que la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias llevó al Parlamento regional la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas y ha estado presente en todas las reuniones técnicas convocadas por el Ministerio de Vivienda, donde ha apelado siempre por el diálogo y el consenso.
“Sin embargo, la norma tal y como está planteada, no encaja con la realidad turística de Canarias, invade nuestras competencias y deja fuera a miles de propietarios por un trámite que no están obligados a hacer”, reiteró, agregando que “tampoco se ha dado a conocer el régimen sancionador para las plataformas”.
Ante esta situación, el Ejecutivo regional ha presentado un recurso contra el real decreto y ha solicitado una prórroga a su entrada en vigor, hasta que haya consenso y pueda aplicarse. En este sentido, la consejera ha tendido la mano de nuevo al Ministerio de Vivienda, al que ha ofrecido colaboración para convocar una nueva reunión con el conjunto de Comunidades Autónomas, “puesto que todas nos hemos visto afectadas”, para fijar un criterio común que respete el reglamento europeo, la Directiva de servicios y la normativa autonómica. “Queremos que las cosas se hagan, pero que se hagan bien”, concluyó.
