La muerte del dictador, en noviembre de 1975, abrió las puertas a un proceso de transición que trajo la democracia a España. Muchos fueron los que aportaron talento y generosidad en el complejo transito de la dictadura a la democracia. Adolfo Suárez y el Rey Juan Carlos canalizaron y lideraron el trabajo y el esfuerzo de muchos.
El 6 de diciembre de 1978 los españoles dijimos sí, de forma mayoritaria, a un marco de convivencia que nos ha traído hasta aquí, reglas del juego, plasmadas en la Constitución.
La democracia, la Constitución y la posterior descentralización del Estado en favor de las autonomías han sido elementos imprescindibles para que en el conjunto del Estado se haya disfrutado de un largo período de paz, progreso y desarrollo social y económico. Los llamados “padres de la Constitución” elaboraron un texto que ha permitido una interpretación muy flexible del articulado. Sin embargo, sobran voces y argumentos apuntando a que después de treinta y nueve años el texto debe y puede ser actualizado. El propio documento sancionado en 1978 contempla el procedimiento a seguir para llevar a cabo cambios en el mismo. Hay herramientas para poner al día la Carta Magna y deben utilizarse sin precipitaciones pero sin miedos.
España es un país complejo. En general, el sentido de Estado brilla por su ausencia en los principales partidos políticos. Los intereses partidarios predominan sobre el interés general y condicionan de una forma determinante la respuesta a determinados problemas. La complejidad del Estado y la desconfianza entre los grandes partidos hace que existan muchos recelos a la hora de abordar la actualización de la Carta Magna del 78. Aunque todas las grandes formaciones políticas coinciden que el texto debe y tiene que ser actualizado, hay sustanciales matices entre el posicionamiento de cada una de ellas.
El conflicto entre el independentismo catalán y el Estado refuerza a aquellos que apuestan por llevar a cabo una modificación de la Constitución que recentralice el modelo. En el otro extremo ideológico están aquellos que cuestionan asuntos de fondo como el de la monarquía parlamentaria. Tienen razón aquellos que exigen cambios en la Constitución, porque en la sociedad española y en el mundo que nos rodea se han producido, en las últimas cuatro décadas, profundos cambios sociales, económicos y políticos que aconsejan su adaptación a las nuevas circunstancias. Además, es necesario abordar reformas en el marco institucional y territorial que ayuden a profundizar en los instrumentos necesarios para que un Estado descentralizado funcione desde el principio de la lealtad institucional.
El problema no es tanto si determinadas competencias las ejerce el Estado o las autonomías; los desajustes se producen, básicamente, por la desconfianza que predomina entre el poder central y el territorial. Esta es una debilidad, pero no la única. También debe prestarse atención al papel de quienes les gustaría modificaciones en el texto constitucional para recortar o eliminar el ejercicio de determinadas competencias por parte de las Comunidades Autónomas, aquellos que creen que el progreso social y económico que hemos tenido se debe sólo al Gobierno central, despreciando de esa manera el papel jugado por las autonomías.
Con todos los ingredientes que rodean a la política española, abordar la reforma de la Constitución sin un principio de acuerdo básico entre una mayoría cualificada sería una verdadera temeridad. El espíritu que marca y condiciona hoy la política española no es el de la Transición, poco o nada tiene nada que ver con aquella voluntad de entenderse del 78. La Constitución necesita ser actualizada, sin ninguna duda. El proceso debe ponerse en marcha identificando nuevas aportaciones o modificaciones al actual texto constitucional. El procedimiento para que las propuestas prosperen y puedan ser incorporadas está previsto en la propia Constitución. Ahora bien, el camino solo debe iniciarse si se dan realmente las condiciones y, sobre todo, si se cuenta con una voluntad efectiva por parte de los principales actores políticos.
Si es que llega a abrirse el proceso de reforma de la Constitución, el caso de Canarias, único territorio del Estado con reconocimiento singular en la Unión Europea, exige un análisis particular. La mera posibilidad de que esa reforma se inicie exige que en las islas estemos preparados para aprobar constitucionalmente algunas asignaturas pendientes. Llegar tarde o mal a ese proceso también sería una temeridad.
