El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Gustavo Santana ha denunciado este miércoles [12] en el Pleno de la Cámara regional que la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, aprobada por el Gobierno de Canarias, “no responde al interés general de los residentes canarios, sino al de los grandes tenedores y empresarios del sector turístico”.
Santana recordó que, desde que la consejera de Turismo anunció en septiembre de 2023 la futura ley, el número de viviendas vacacionales registradas en Canarias ha aumentado en más de 32.000 unidades, lo que supone un incremento del 80% del total respecto al número existente en ese momento. “En apenas año y medio de gestión, este Gobierno ha expulsado del mercado residencial más viviendas de las que se han construido en los últimos treinta años”, afirmó.
El diputado socialista recordó que este “efecto llamada” fue advertido por el Consejo Económico y Social, por colectivos sociales y por el propio PSOE, que presentó una iniciativa para aprobar una moratoria de las viviendas vacacionales hasta la aprobación de la ley. “Votaron que no, y hoy estamos ante el resultado de su irresponsabilidad”, lamentó.
Santana subrayó que el texto finalmente aprobado difiere sustancialmente del anteproyecto original, y denunció que los grupos que apoyan al Ejecutivo autonómico “han sido los que más enmiendas han presentado, incluso fuera de plazo, sin posibilidad de debate y alterando la esencia del proyecto inicial”. Según afirmó, este proceder “vulnera la cortesía parlamentaria, genera indefensión y culmina en una ley sin consenso social ni político”.
“¿Es esto pensar en el interés general de los residentes canarios? No”, enfatizó Santana.
También explicó que la arquitectura jurídica de la ley favorece a los grandes intereses turísticos, al permitir la explotación de hasta un 10% del suelo urbanizable con carácter general —y hasta un 20% en islas verdes o municipios de reto demográfico—, mientras se traslada la responsabilidad de la regulación a los ayuntamientos y cabildos. “El Gobierno se lava las manos y da más de cinco años de margen para aplicar la ley, cuando es este mismo Gobierno el que declaró la emergencia habitacional”, denunció.
Santana criticó la contradicción del Ejecutivo regional, que presume de frenar la especulación en las zonas tensionadas mientras bloquea la declaración de mercado residencial tensionado en municipios como Las Palmas de Gran Canaria. “Es pura demagogia: no creen en esa figura y no aprobarán ninguna mientras sigan gobernando”, advirtió.
El diputado socialista subrayó que la norma, además, incentiva a los grandes tenedores, otorgándoles hasta 20 años de autorización si destinan parte de sus inmuebles al alquiler residencial, mientras “se imponen trabas imposibles a los pequeños propietarios o residentes que buscan regularizar su situación”.
Frente a estas medidas, Santana defendió la alternativa propuesta por el PSOE, basada en la limitación a tres viviendas vacacionales por titular, una medida “plenamente constitucional que favorecería a los pequeños propietarios y pondría miles de viviendas en el mercado residencial”.
“El modelo socialista apuesta por reequilibrar la fiscalidad, impulsar la vivienda pública y garantizar un reparto más justo de los beneficios turísticos”, afirmó. “Nuestra prioridad es que los canarios y canarias puedan acceder a una vivienda digna y asequible, no seguir alimentando la especulación y los privilegios de unos pocos”.
Santana aseguró que la ley aprobada “no garantiza el derecho a la vivienda, aumentará los precios, y perpetuará el desequilibrio entre el uso turístico y residencial del suelo canario”.
“Esta ley es un acto de propaganda más de la consejera de Turismo y un regalo a los grandes poderes económicos. No piensa en Canarias ni en sus residentes”, sentenció.
