La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana elevará este jueves, 29 de enero, al Pleno municipal la aprobación inicial de dos instrumentos clave para reforzar y ordenar la política municipal de ayudas al alquiler: la nueva ordenanza reguladora del programa de ayudas al alquiler de vivienda habitual y permanente y el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2027 del área de Vivienda.
Ambos documentos han sido impulsados por la concejala delegada de Vivienda, Lucía Jiménez, y coordinados por el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, con el objetivo de dotar al programa de mayor claridad normativa, previsión económica y adecuación a la realidad actual del mercado del alquiler en el municipio.
Por un lado, la nueva ordenanza fija las bases que regularán las próximas convocatorias de ayudas al alquiler, estableciendo requisitos, criterios y procedimientos de forma más clara y homogénea. El texto regula la concesión de subvenciones a personas y familias que residan en régimen de alquiler en el municipio, ya sea en una vivienda o en una habitación, siempre como residencia habitual y permanente.
Se trata de una ayuda dirigida a familias y personas trabajadoras, diferenciada expresamente de las prestaciones de urgencia social que se gestionan desde otras áreas, como Servicios Sociales. La ordenanza incrementa de dos a cinco años el requisito de antigüedad mínima de empadronamiento en San Bartolomé de Tirajana.
La actualización normativa incorpora dos cambios relevantes para ampliar el acceso a la ayuda y adaptarla al contexto económico actual. En primer lugar, se elimina el requisito de ingresos mínimos, de manera que cualquier persona o familia trabajadora podrá solicitar la subvención siempre que no supere el límite máximo de ingresos que se establezca en cada convocatoria. En segundo lugar, se actualizan los importes máximos de alquiler que se toman como referencia para calcular la ayuda, ajustándolos a los precios reales del mercado. Tal y como explica la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, “hemos mejorado la ordenanza escuchando aportaciones y ajustando la ayuda a la realidad del alquiler en el municipio”.
En concreto, el límite del alquiler subvencionable para vivienda pasa de 850 euros en 2023-2024 a 1.000 euros en 2025. En el caso de familias numerosas, el tope se incrementa de 1.000 a 1.100 euros. Para el alquiler de una habitación, el límite se actualiza de 550 a 600 euros. La ordenanza aclara, además, que estos importes representan el máximo de alquiler que se considera subvencionable en cada caso.
De forma complementaria, el Pleno abordará el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2027 del área de Vivienda, que establece el marco de planificación de estas ayudas durante los próximos ejercicios. El plan define los objetivos del programa —facilitar el acceso a la vivienda, apoyar la estabilidad residencial y reforzar la cohesión social—, así como los criterios generales de concesión, que se realizarán mediante concurrencia competitiva y conforme a las bases de cada convocatoria. El documento también recoge la incompatibilidad con otras ayudas públicas destinadas al mismo fin, evitando duplicidades y garantizando un uso ordenado de los recursos públicos.
En cuanto a la previsión económica, el Plan Estratégico contempla una dotación de 200.000 euros, financiados con fondos propios municipales, en 2026 para cubrir los alquileres abonados en 2025, y otros 200.000 euros en 2027 para atender los alquileres correspondientes a 2026.
El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subraya que “somos conscientes de que la vivienda es una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos y vecinas, y por eso estamos transformando San Bartolomé de Tirajana para que vuelva a ser un lugar para vivir. Lo hacemos con un plan claro y una planificación estratégica que articula la ampliación del parque de vivienda pública, la rehabilitación del parque existente y la mejora normativa y de las ayudas al alquiler, con un enfoque centrado en las familias trabajadoras”.
Tras la aprobación inicial en Pleno, la ordenanza se someterá a un periodo de información pública de treinta días hábiles para la presentación de alegaciones. Una vez aprobada definitivamente, la Concejalía de Vivienda podrá publicar la convocatoria conforme a las nuevas bases reguladoras.
