Tras un mes sin una respuesta seria y eficaz por parte de los gestores sanitarios, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha solicitado al Defensor del Pueblo su intervención ante la falta de material sanitario reglamentario en los centros asistenciales, que está obligando a los profesionales a realizar sus funciones de forma precaria e insegura.
“Más de 28.000 profesionales sanitarios se han infectado por Coronavirus debido a las pobres medidas de seguridad que se les ha proporcionado. Por ello, SAE ha solicitado, tras un mes de crisis sanitaria, la intervención del Defensor del Pueblo, con el objetivo de que el Ministerio de Sanidad y los diversos servicios autonómicos de salud den una respuesta inmediata a nuestra reivindicación. El uso de estos equipos de protección está regulado en el Real Decreto 773/1997 (Directiva 89/656/CEE) y en el Reglamento (UE) 2016/425, relativo a su comercialización, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son muy claras en cuanto a la necesidad de proveer a los profesionales sanitarios de todas las medidas y elementos necesarios para que puedan realizar su trabajo en condiciones elementales de seguridad y evitar así verse contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que los mismos sufren, y evitar la propagación de la enfermedad”, explica Mª Dolores Martínez, secretaria general de SAE.
Sin embargo, la falta de previsión por parte de las autoridades sanitarias está generando situaciones en la que el acceso y uso a los EPIs está siendo restringido y se suministra en algunos casos por debajo de las necesidades, llegando incluso a amenazarse a los profesionales con aperturas de expedientes disciplinarios por la utilización de estos equipos para prevenir contagios activos o pasivos.
“En esta dinámica de radical vulneración de los derechos laborales básicos, se llega al extremo de que en las reformas de los protocolos de algunos centros sanitarios se discrimina a los trabajadores, en función de su categoría profesional, a la hora de asignarles sus respectivos equipos de protección individual, de manera que, aún en la misma situación de contacto estrecho con los enfermos, hay colectivos que reciben EPIs de mayor seguridad que otros profesionales, como los TCE. Este tipo de situaciones son inadmisibles, por ello, pedimos al Defensor del Pueblo, en cuanto garante de los derechos ciudadanos, entre los que se encuentra la salud laboral, su intervención para que los gestores sanitarios empiecen a actuar para garantizar la protección de los profesionales”, manifiesta Mª Dolores Martínez.
