El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, afirmó hoy en el Parlamento que “la renovación y perfeccionamiento del arbitrio insular de entrada de mercancías (AIEM) se hará con transparencia y participación”.
Rodríguez, que compareció a petición del grupo parlamentario de Sí Podemos Canarias para analizar los datos arrojados por el estudio del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) sobre este tributo, señaló que dicho informe “forma parte del proceso que inició el Gobierno de Canarias en 2018 para la renovación, toda vez que el período de vigencia de este arancel concluye en 2020. Un proceso de trabajo, análisis y toma de contacto con los diversos sectores en el marco del cual se encargó un trabajo al ISTAC sobre el peso que los productos tienen en el mercado, del mismo modo que la propia Comisión Europea ha encargado una auditoría a una empresa externa. Al final con todos estos elementos, más la aportación del Gobierno de Canarias, tendremos una actualización de este importante tributo”.
“Hay gente que propone incorporar nuevos productos al listado, porque en Canarias se han desarrollado nuevas actividades que promueven bienes y servicios; hay gente que propone eliminar otros porque han perdido vigencia. En esa dinámica, en la que llevamos más de un año y estaremos aún año y medio o dos años, porque incluso es posible que se prorrogue el plazo, seguiremos conversando con el sector primario, con el sector industrial, con los profesionales, con los que están a favor, con los que están en contra, y al final ese listado de productos tendrá que responder razonablemente a lo que es la tradición y la historia del papel de este instrumento arancelario que tiene el sentido de proteger la producción propia”.
Cuestionado acerca de la presencia de empresas “no canarias” en los datos del ISTAC, el vicepresidente admitió que “hay picaresca en todos lo ámbitos de la vida, pero de lo que hablamos aquí es de proteger un instrumento que tiene como objetivo defender la producción local, y no solo la industrial, también la agraria. Lo que no podemos es pedir a este instrumento que resuelva otros problemas de la sociedad canaria”.
Rodríguez también recordó, por otra parte, que “la cuota de mercado no es el único parámetro que determina la inclusión o exclusión en el listado de productos, también cuentan el sobrecoste, el empleo que se genera, el territorio o las consideraciones de orden estratégico. El listado de productos se ha ido construyendo con la experiencia, el debate y el conocimiento de la sociedad canaria, de las autoridades españolas y europeas. La propuesta se realiza desde Canarias, la tramita el Gobierno de España y la deciden la Comisión Europea y el Consejo Europeo”.
Alta complejidad
Al respecto, el también consejero de Hacienda incidió en que “se trata de un expediente de alta complejidad porque precisa no solo de la autorización como ayuda de Estado por parte de la Comisión Europea, sino que precisa también del acuerdo del Consejo”.
Rodríguez defendió el AIEM señalando que “representa como ningún otro nuestras singularidades fiscales. Somos un territorio, un pueblo con una historia diferenciada y singular, y eso se expresa de diversas maneras, también en este ámbito, en el ámbito de la fiscalidad, de lo económico. Siempre tuvimos un trato fiscal diferenciado, desde la conquista a esta parte, y uno de los elementos que expresan con actualidad ese hecho diferencial que mantiene Canarias en su política fiscal es este tributo que recoge en sus antecedentes más cercanos los arbitrios insulares antes de nuestra entrada en la UE”.
“Seamos conscientes de que defendiendo el AIEM estamos defendiendo una de nuestras singularidades fiscales, que interpreta bien nuestro hecho diferencial y que pone en evidencia nuestras dificultades estructurales para el desarrollo de las actividades económicas. Es tal así que, aunque el artículo 110 del Tratado de Funcionamiento la UE prohíbe cualquier tributo al movimiento de mercancías y servicios en la Unión, hay una excepción en el artículo 107 para las regiones ultraperiféricas”, señaló el vicepresidente.
Por último, Rodríguez se mostró optimista al vaticinar que “el dinamismo de la sociedad canaria, la transparencia en la discusión, y la persecución y aislamiento de las prácticas indebidas nos permitirán disponer al final de proceso de un documento altamente consensuado que avale ante las autoridades españolas y comunitarias la continuidad de una de las figuras fiscales que mejor definen lo que es el hecho diferencial canario en el ámbito fiscal”.
