Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, considera inaceptables los plazos para las ayudas al alquiler y rehabilitación de viviendas establecidos por el Gobierno canario. Y exige al Ejecutivo su ampliación “para evitar que muchas personas que reúnen las condiciones para acceder a las mismas queden excluidas por no realizar a tiempo los trámites necesarios”. Rechaza que la convocatoria se realice en agosto y en un plazo de solo 15 días y recuerda que el Ejecutivo de CC carece de un plan de Vivienda y lleva más de diez años sin impulsar la construcción de viviendas de promoción pública, muestra de su insensibilidad socisl.
En este sentido, recuerda que, por las fechas elegidas para la convocatoria y los plazos de la misma, se dificulta que muchas familias con escasos recursos reciban el asesoramiento necesario para tramitarlas, pues solicitan estas ayudas a través de los servicios sociales municipales, bajo mínimos este mes por el periodo vacacional. La negligencia del Gobierno canario afectará a unas 6.000 familias que, a priori, pueden ser beneficiarias de estas ayudas cuyo plazo de solicitud finaliza el 28 de agosto, disponiendo apenas de 15 días hábiles para formularlas.
Eficiencia energética
Similar situación atraviesan aquellas comunidades vecinales que quieren acogerse a ayudas a la rehabilitación –que incluye aspectos como la acesibilidad o la eficiencia energética- , que disponen de un período claramente insuficiente para completar la documentación requerida.
Estas convocatorias recogen distintas líneas de ayuda vitales para los canarios y canarias: una genérica al alquiler, otra específica para el arrendamiento de viviendas por jóvenes y a la conservación y la accesibilidad, así como la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de edificios y viviendas, o bien para la mejora de las instalaciones interiores de las viviendas.
Para Rodríguez los errores y la falta de sensibilidad social de esta convocatoria se inscriben en el marco de la ausencia de política de vivienda por parte del Gobierno de CC. Y destaca que la Comunidad Canaria carece de un Plan en este ámbito y lleva más de una década sin impulsar la construcción de viviendas de promoción pública.
La "dura y vergonzante" realidad, señala, se mide por las más de 15.000 familias canarias que perdieron su vivienda entre 2008 y 2017 por los lanzamientos hipotecarios e impagos de los alquileres, estimándose en unos 35.000 las personas demandantes de vivienda pública "sin respuesta" del Ejecutivo de CC y en 135.000 viviendas vacías, "de las que existen constancia".
Prioridad social
Rodríguez afirma que, como en otras áreas en que el fracaso de la gestión del Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo es más que notorio, “se precisa un giro tan urgente como riguroso" en las políticas en materia de vivienda.
"No se trata de un problema menor ni de un asunto aplazable en el tiempo sino de un derecho inalcanzable para la mayoría social" reconocido por la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, denunció. Es una "prioridad que afecta gravemente" a la calidad de vida de muchas familias canarias.
