A menos de un año de la celebración del cuarenta aniversario de la Constitución Española del 78, su reforma lleva más de una década en la agenda política sin que llegue a concretarse. En la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno español, el PSOE hizo pública una propuesta de modificación que incluía la supresión de la preferencia masculina en el acceso al trono, la recepción en el texto constitucional del proceso de construcción europea, la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas y la reforma del Senado.
Al final, no se logró avanzar un milímetro y la reforma más relevante, exprés, sin refrendo de la ciudadanía y auspiciada por las presiones de algunas potencias europeas y de los mercados fue la del artículo 135, llevada a cabo en el verano de 2011 con el acuerdo del PSOE y del PP. La misma que da sustento a las políticas de austeridad y recortes que tantos estragos sociales han causado, que tanto daño han infligido a los servicios públicos, y cuyas consecuencias se siguen y se seguirán percibiendo.
Ahora nos encontramos ante otra oportunidad para afrontar esa posible reforma constitucional. En una situación económica bien distinta y con un problema territorial agudizado por la crisis en Cataluña, la declaración unilateral de independencia, aunque matizada en su valor jurídico real. Así como la subsiguiente aplicación del artículo 155 de la Constitución, interviniendo la autonomía, suspendiendo a su Ejecutivo y procediendo a la inmediata convocatoria de comicios autonómicos.
Todo el mundo espera ahora a los resultados de las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre y, dado que parece que ninguna fuerza será claramente hegemónica, a las posibles alianzas para establecer un nuevo gobierno en la Generalitat.
Citas políticas
El 2018 nacerá con diversas citas políticas de gran calado. Entre ellas, los trabajos de la comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico, que debe ser un punto de partida para lareforma global de la Carta Magna. La búsqueda de un nuevo acuerdo de financiación autonómica, tras el compromiso de la Conferencia de Presidentes y las recientes propuestas del comité de expertos. El debate y posible aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, así como los nuevos aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF). También, la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
La solución que las urnas den a la situación de Cataluña influirá sobre algunos de esos temas trascendentales, especialmente sobre la financiación de las comunidades de régimen común y el alcance de las posibles modificaciones constitucionales. Pero también sobre la existencia o no de cuentas públicas estatales para 2018 o si seguirá la prórroga de las actuales. E, incluso, sobre un posible adelanto de las elecciones generales.
La reforma de la Constitución precisa del establecimiento de amplias mayorías. Para que esto ocurra tiene que haber voluntad política y espacios de entendimiento, en primer lugar entre el PP y el PSOE, los partidos con más escaños y votos. Pero también de Unidos Podemos y Ciudadanos. Considero imprescindible, asimismo, la participación de las fuerzas nacionalistas.
En nuestro caso, hemos venido defendiendo que se blinden en la Carta Magna los servicios públicos y los derechos ciudadanos, y no la deuda y el déficit que sólo benefician intereses de minorías; eliminando, por tanto, el actual contenido del artículo 135, que se defina el modelo de Estado y su carácter laico.
Asimismo, defendemos la inclusión de los derechos de las mujeres que no estuvieron presentes en la perspectiva de los constitucionalistas del 78, en asuntos como la violencia de género, la paridad en el acceso a cargos públicos o los cambios en el actual modelo de cuidado de las personas y el trabajo doméstico. Que se recojan los derechos y obligaciones medioambientales y, especialmente, los compromisos contra el cambio climático.
Estado federal
Planteamos, además, una reforma en el título VIII para consolidar un auténtico estado federal asimétrico que reconozca la pluralidad nacional y posibilite el encaje de las distintas naciones, nacionalidades y regiones. Para el reconocimiento diáfano de las especificidades de comunidades como Canarias, especialmente los derechos económicos y fiscales de las Islas, así como la delimitación territorial del Archipiélago.
También la reforma del Senado y del sistema electoral, incorporando los referéndum como forma normalizada de pulsar periódicamente el sentir de los ciudadanos sobre temas que les afectan. Y la búsqueda de fórmulas de consulta sobre las realidades territoriales y la exigencia de que los estatutos sean ratificados en referéndum.
Sabemos que no va a resultar nada fácil. Que hay formaciones políticas y sectores sociales poco propensos a los cambios y que sacralizan una Constitución cuya reforma, bajo mi punto de vista, puede permitir actualizarla, adaptándola a las nuevas realidades sociales, económicas, políticas, tecnológicas y medioambientales del siglo XXI.
En distintas ocasiones he señalado que la reforma profunda, con consensos entre las formaciones políticas y el conjunto de la sociedad, con opinión y refrendo de la ciudadanía, con entendimiento entre las distintas realidades territoriales, es lo que posibilitará una Constitución con más presente y futuro.
Los que desde posiciones inmovilistas impiden hoy su revisión –o los que incluso apuntan hacia una posible contra reforma hacia posiciones más neoliberales y centralizadoras- le hacen un flaco favor a la Carta Magna. Por el contrario, de su reforma y ratificación por la ciudadanía saldrá, estoy convencido, mucho más reforzada y legitimada. Contribuyendo a avanzar hacia una sociedad más justa, más próspera, más plural y más democrática.
Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.
