Que el futuro es inexorablemente renovable es ya un hecho innegable, la cuestión ahora es determinar cómo se articula la transición hacia el necesario cambio de modelo energético. Todos los últimos informes coinciden en que la participación ciudadana es fundamental para esa transición y el autoconsumo aparece como la clave. A juicio de Quantum, una empresa del sector, “el autoconsumo es una herramienta central para el ejercicio del derecho ciudadano a participar activamente en la transición energética” y cuantas más personas se involucren “mayor será su aceptación pública y menor será su coste”.
Por eso, cabe recordar que en octubre de 2015, con José Manuel Soria a cargo de Industria y Energía, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto 900/2015, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica y de producción. Dentro de esta normativa, aparece lo que ha sido popularmente conocido como el “impuesto al sol”, que a nuestro juicio penaliza el autoconsumo, ya que se paga por el simple hecho de estar conectado a la red, se utilice esta o no. Es como si el panadero de la esquina nos cobrase algo por tener la tienda abierta, le compremos o no su pan. Es cierto que a este real decreto, gracias a la presión pública, se hicieron algunas excepciones en las que no se aplica, como las instalaciones de menos de 10kW, las que se hicieran en Canarias, Ceuta y Melilla, junto con un cargo reducido en Mallorca y Menorca.
Pero en nuestras islas, aunque están exentas del “impuesto al sol”, no termina de desarrollarse el autoconsumo. Fuentes del sector aseguran que haberlo lo hay, pero otra cosa es que se hayan registrado. “Algunos prefieren quedarse como están, semiescondidos, fuera de la ley, mientras que otros están totalmente desconectados”, explican. El efecto de aquel real decreto ha sido negativo pese a que no se aplicase, porque desincentivó las inversiones de empresas y particulares, que se vieron ante un típico problema de información asimétrica y sesgada. La realidad es que en Canarias, donde tenemos algunas condiciones favorables para que este negocio prospere, la normativa vigente no genera la confianza suficiente y hace muy complicada la instalación de paneles fotovoltaicos o pequeños aerogeneradores (minieólica) en las viviendas.
Las principales causas, según Jorge Morales de Labra, deben encontrarse en la inseguridad jurídica y las barreras administrativas para que estas tecnologías lleguen a las casas y empresas. “Una inversión de autoconsumo obtiene su rentabilidad en quince años, eso requiere tener la seguridad de que la normativa no va a cambiar, y no como pasó en Baleares, que, a los dos años de sacar el RD 900/2015 el borrador, se les hacía pagar por el impuesto al sol más que lo que se pagaba en la Península”. Con estas dificultades para amortizar la inversión es muy complicado que alguien quiera correr esos riesgos.
Por otro lado, aunque el autoconsumo en el hogar es menos rentable que el industrial, debido a los costes fijos de instalación y los ratios de consumo, la actual normativa hace que España y Canarias estén por detrás de los avances de Alemania y Portugal, donde, por ejemplo, ya se está llevando a cabo el P2G (“Vehicle-to-Grid” o vehículo a la red), que permite a los vehículos eléctricos integrarse totalmente en la red eléctrica nacional cuando están parados. Esto ofrece a los propietarios y a empresas con grandes flotas de vehículos eléctricos la oportunidad de usar sus vehículos como centros eléctricos móviles: se conecta a la red para recargar su batería en períodos de baja demanda y tarifa económica, y luego usa la electricidad almacenada en la batería de su vehículo en casa, cuando los costes son más elevados, o incluso puede enviar la electricidad sobrante a la red eléctrica y obtener ingresos adicionales. Sobre este sistema se están dando pasos importantes en países como EE.UU., Dinamarca y Alemania, pero no sería posible ponerlo en práctica en España debido a la normativa vigente.
Otra de las prácticas vanguardistas es el autoconsumo compartido, es decir, que el consumo de energía eléctrica que proviene de energías renovables pueda llegar a varios usuarios asociados. Aunque el Tribunal Supremo dejó claro en una sentencia de 25 de mayo de 2017 que “el autoconsumo es una medida de ahorro y eficiencia” y, en consecuencia, puede anular las trabas, el alto tribunal no legisla, lo que ha provocado un vacío legal en este terreno que hace imposible llevar a cabo esta práctica.
La realidad es que Canarias depende de una ley energética nacional, que no tiene en cuenta las particularidades de su territorio. Es un deber de este gobierno y de los futuros conseguir una regulación energética exclusiva para Canarias y solo con un acuerdo entre todas las fuerzas políticas se puede dar seguridad jurídica al inversor. Así lo ha entendido Italia, con un decreto energético exclusivo para sus islas, que entre otras medidas permite que todos los sistemas de energía renovable instalados en las islas menores tengan derecho a inyectar toda o parte de su producción en la red. Esperemos darnos prisa y no estar nuevamente a la cola de Europa en lo que respecta a la transición energética.
Juana González
Directora Energyhub
