En la edición del día 06 del periódico digital Actuall, publicación con un marcado carácter liberal y con muy pocos complejos para publicar lo que estiman conveniente, puede leerse un excelente análisis sobre una polémica de alcance internacional que pronto tendrá su eco en el Parlamento de España cuando se discutan, si se discuten y no se imponen, las propuestas y leyes sobre aborto y eutanasia, ambas referidas a provocar artificialmente la muerte de terceros, dos cuestiones que afectan a las libertades individuales activas y pasivas.
En asunto, que está en los tribunales, comenzó en el 2012 cuando una pareja de hombres entró en una pastelería de Denver (Colorado, Estados Unidos) y encargaron una tarta de boda en la que debía grabarse un mensaje de celebración de su matrimonio. El propietario de la pastelería respondió que no podía grabar un mensaje que celebrara el matrimonio homosexual. Iba en contra de su conciencia. A partir de ese momento, la polémica estaba servida
Ni que decir tiene que los grupos de presión social, política y periodística que imponen a los demás lo que ellos consideran políticamente correcto, condenaron de antemano y sin paliativos al pastelero, Jack Phillips, acusándolo de homofobia y discriminación. Pero el problema legal cobró inusitada fuerza, tras salir en defensa del acusado Peter Tatchell, uno de los activistas más influyentes del movimiento gay en el Reino Unido, recordando que en 2016 él mismo ya se había opuesto a la persecución legal contra una pastelería de Belfast, por negarse a decorar una tarta de boda con un mensaje de celebración para un matrimonio homosexual.
En mi opinión, el fondo del problema estriba en intentar fijar los límites a la libertad de conciencia de las personas frente a leyes, modas y actitudes colectivas. Como afirman muchos de los que defienden al pastelero, no se trata de ir contra las leyes aprobadas de forma genérica, sino de negarse a ejecutar personalmente ciertas acciones individuales por razones de conciencia. Se pregunta Peter Tatchell, “¿deben los impresores musulmanes ser obligados a publicar caricaturas de Mahoma? ¿O los judíos a publicar las palabras de un negacionista del holocausto? ¿O unos pasteleros gays aceptar órdenes para grabar una tarta con eslóganes homofóbicos? […] La discriminación contra las personas debería ser ilegal, pero no contra las ideas”.
En España, mutatis mutandis, se están planteando problemas de conflicto entre las leyes y la conciencia individual en varios ámbitos. Uno que está de moda es en caso de los políticos catalanes enchironados, que para salir de prisión proclaman acatar las leyes pero manifiestan su objeción ideológica contra esas mismas leyes españolas y la Constitución. Caso similar en el fondo es el de los maestros y profesores que invocan la libertad de cátedra para justificar el adoctrinamiento en las aulas, anteponiendo su supuesto derecho al cierto de los alumnos.
Y otro, que más pronto que tarde volverá a estar sobre el tapete parlamentario, es la discusión sobre si un médico puede negarse, por razón de conciencia, a practicar abortos o ejecutar un suicidio asistido, que no la eutanasia, por más que se legalicen esas cuestiones. Una cosa es que algo se pueda hacer legalmente y otra bien distinta es que se obligue a alguien a hacerlo.
