Podemos Canarias y el sindicato de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) han presentado este lunes un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias “contra la decisión y el anuncio de licitación, los pliegos y los documentos contractuales por los que se establecen las condiciones” del concurso de privatización de los servicios informativos impulsado por la Presidencia del Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) y presidente de la empresa Televisión Pública Canaria, S.A. (TVPC), que ostenta Santiago Negrín.
En el escrito, se solicita a la Sala “que se declare cautelarmente contrario a Derecho el acuerdo/decisión” adoptado por Negrín y, en consecuencia, “se disponga su suspensión por los perjuicios irreparables que originaría su ejecución”, además de que previos los trámites pertinentes, dicte auto “decretando la adopción de dichas medidas cautelares y lo notifique al Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública de Canarias”.
En el recurso, que consta de 21 folios, se pide “la nulidad de pleno derecho de la convocatoria de concurso y del anuncio de licitación” por haber sido impulsado por un “órgano manifiestamente incompetente”.
Así lo han anunciado este lunes Juan Márquez diputado del Grupo Parlamentario Podemos Canarias, miembro de la Comisión de control de RTVC en la Cámara regional y secretario de Acción institucional de la formación morada; y Txema Santana, secretario general de UPCC.
Ayuda económica
Márquez ha resaltado que Podemos “apoya económicamente las costas judiciales y de los abogados” del recurso interpuesto por el sindicato como una “fórmula de colaboración con la sociedad civil” en un asunto que “además, apoyamos en su fondo, como es el hecho de que queremos, tanto nosotros como UPCC, anular este concurso, que tiene muchísimos errores, para replantear el modelo y desprivatizar los servicios informativos para que sean públicos”.
“Cuando hay causas justas que compartimos en el fondo, ahí ponemos nuestra ayuda hasta donde podamos hacerlo, en este caso para interponer una demanda que nosotros apoyamos”, dijo Márquez.
En este sentido, Santana ha agradecido a la formación morada “su colaboración con la sociedad civil para llevar adelante demandas que, de otra manera, sería imposible por la cuantía económica que suponen”.
Al margen del objetivo último de la desprivatización de los informativos, el secretario general de UPCC insiste en que el recurso se basa en que la dirección del ente ha llevado adelante un concurso “nulo de pleno derecho” al contener “numerosos errores” fruto de que “la persona que se ha erigido como órgano unilateral para licitar el concurso es manifiestamente incompetente para ello”.
Agotada la vía política, se inicia la judicial
“Hemos agotado todas las vías políticas y parlamentarias, por lo tanto la única vía que queda es la judicial, apoyando a una organización constituída por los propios profesionales de la comunicación que también están denunciando estas irregularidades”, ha concluido Márquez.
El recurso recuerda que el 14 de julio de 2017 Negrín “anuncia la puesta en marcha del proceso de licitación del referido concurso, sorprendentemente y sin soporte legal para ello”, con lo que “por tanto se arroga, la presidencia de RTVC, la condición de órgano de contratación para el contrato de servicios de referencia”.
Asimismo, se recuerda que “no consta acuerdo del Consejo Rector del Ente Público RTVC de aprobación de ningún contrato, convenios, acuerdos o negocios jurídicos de carácter plurianual igual o superiores a un millón de euros en su cuantía global, y en concreto en relación con el contrato y su licitación que aquí se recurre, con un presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato, de 144.000.000,00 millones de euros, excluido IGIC”.
“Por el contrario, se verifica que el Presidente del Consejo Rector de la Sociedad Pública Televisión Pública de Canarias, S.A. (TVPC), Don Santiago David Negrín Dorta, ha procedido a aprobar o imponer de forma unilateral, personal y sin competencias para ello y ordenado la publicación de esta licitación”, se asegura en el recurso remitido al TSJC.
