La entrada en vigor de la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas marca un antes y un después en el equilibrio entre turismo y acceso a la vivienda en el archipiélago canario. Tras más de dos años de debate y una aprobación ajustada, esta norma limita drásticamente el número de plazas de alquiler vacacional activas y redefine quién, cómo y bajo qué condiciones puede operar en este negocio.
Aunque actualmente hay registradas más de 73.000 plazas, solo unas 9.500 seguirían activas cuando el nuevo marco esté plenamente implantado. El objetivo declarado del Gobierno de Canarias es contener una actividad que, según los ayuntamientos y colectivos ciudadanos, ha distorsionado el mercado de la vivienda en zonas turísticas, reduciendo el alquiler residencial disponible y encareciendo los precios.
Pero la ley llega acompañada de tensiones. Muchos pequeños propietarios y plataformas como la Ascav o la Palt consideran que la norma, tal como está redactada, pone en riesgo el sustento de miles de familias que complementar sus ingresos mediante el alquiler vacacional. En respuesta a esas críticas, el Ejecutivo autonómico ya prepara modificaciones que se debatirán a inicios de 2026, incluyendo una moratoria de un año y la posibilidad de transmitir licencias por herencia.
Más allá del tira y afloja político, el verdadero reto está en los municipios, que deben aprobar sus propios planes para ordenar el crecimiento turístico en un plazo de cinco años. Este paso será crucial para determinar hasta qué punto el nuevo modelo logra su propósito: mantener el turismo como motor económico, pero sin expulsar a los residentes del mercado inmobiliario.
La norma, por tanto, no solo intenta regular una actividad económica: redefine la convivencia entre el derecho a la vivienda y el desarrollo turístico en una región donde ambos intereses llevan años enfrentados.
