El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez urgió hoy al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, a poner fin a la lentitud e inoperancia del consejero de Turismo, Isaac Castellano, para regular el alquiler vacacional con el fin de afrontar las graves distorsiones generadas por este tipo de negocio en las islas. Rodríguez puso como ejemplo al Gobierno de Baleares que ha actualizado una ley, aprobada en la pasada legislatura, para permitir el desarrollo de esta actividad con límites y para garantizar el arrendamiento residencial.
La izquierda nacionalista considera lamentable que, a un año y medio de las próximas elecciones canarias, el Ejecutivo en minoría de CC dé muestras que haber dado por finiquitada la IX Legislatura dada la falta de respuesta a problemas tan graves como los creados por el alquiler vacacional para los trabajadores, el mercado de la vivienda y el turismo profesional.
Transcurridos casi tres meses desde que se terminara el periodo de exposición pública para recoger sugerencias sobre la modificación del decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Consejería de Turismo “sigue sin facilitar información”, según denunció Román Rodríguez.
Desde las filas de NC se alertó de la dejación de responsabilidades del gabinete de Fernando Clavijo en materias como esta que son de su “exclusiva competencia”. Román Rodríguez a urgió al Gobierno canario a salir de este “punto muerto” a través de la “determinación” mostrada por el Ejecutivo balear.
Se refería a ley sobre el alquiler vacacional que Baleares tiene desde la pasada legislatura y que ha sido recientemente actualizada al aprobar su Parlamento, a comienzos del pasado mes de septiembre, el decreto ley sancionado por el Gobierno un mes antes.
El portavoz de NC puso como ejemplo la decisión de esta comunidad del Mediterráneo, entre otros motivos, por regular esta actividad a través de una ley, lo que ofrece una “mayor seguridad” jurídica. Rodríguez hizo hincapié en que el decreto promovido por el Ejecutivo de Coalición “no es la solución idónea” para un negocio de 128.000 camas que compite con el sector reglado, que obliga a los residentes a desplazarse las afueras de las núcleos urbanos, que complica la movilidad laboral en las islas por su incidencia directa en la carestía de los alquileres y por los problemas de convivencia generados en los edificios de residentes.
Pero además para Rodríguez, resulta muy positivo que esta norma haya establecido unos límites, como también defienden los nacionalistas de izquierdas. Se refería a que la ley balear del alquiler turístico solo permite el arrendamiento 60 días al año a turistas -unifamiliar o pisos- si se trata de la residencia del propietario, es decir, si está empadronado en ese inmueble.
Fija por otro lado, prosiguió el portavoz parlamentario, una moratoria de un año, vigente hasta el próximo 1 de agosto, para que los consejos insulares y el Ayuntamiento de Palma aprueben cada uno según su criterio e intereses en qué zonas se pueden alquilar viviendas a turistas, bien sea unifamiliares (por ejemplo un chalé) o plurifamiliares (pisos).
Hasta que esta zonificación se apruebe de manera definitiva, NC indicó que solo se pueden alquilar a turistas las viviendas que ya cuentan con licencia, entre las que no figura ningún piso de Baleares.
Román Rodríguez precisó que este modelo “no tiene porqué ser el que se ajuste” a la comunidad canaria pero, “al menos, pone de manifiesto la voluntad para buscar un equilibrio” entre los intereses del turismo reglado, de las familias y personas residentes y el mercado del alquiler de viviendas.
