Nueva Canarias (NC) ha revelado que la segunda fase de la carretera de La Aldea a Agaete tampoco se licitará en 2018. La presidenta del grupo parlamentario de NC, Esther González, denunció que el procedimiento ordinario elegido por el Gobierno de CC para las expropiaciones necesita, sin problemas de ningún tipo, un mínimo de seis meses para su conclusión. Un periodo de tiempo que puede alargarse durante años por discrepancias en el justiprecio. “Es inaudito. Ya no se trata de que haya o no nuevo convenio, de que los incumplimientos del Estado ralentizaran las obras o de que este proyecto necesitara ser actualizado, simplemente es una gestión negligente e intencionada” del gabinete presidido por Fernando Clavijo.
El Boletín Oficial de Canarias publicó, el pasado lunes, la orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, responsabilidad de Pablo Rodríguez, sobre el inicio del periodo de información pública del expediente de expropiación para la ejecución del proyecto de la segunda fase de la carretera de La Aldea, correspondiente al tramo que une Agaete con El Risco.
La sorpresa, por “inesperada y negativa” en las filas de NC, según Esther González, surgió al constatar que el departamento de Pablo Rodríguez ha elegido llevar a cabo las expropiaciones por el procedimiento “más lento” para una obra de interés general, que es el de la vía ordinaria frente al de la “urgente ocupación” de los terrenos, “totalmente justificada por los problemas de seguridad” de la citada carretera.
La también portavoz parlamentaria en esta materia de NC aseguró que, en el 99% de las obras de carreteras y, más cuando son de interés general, como es el caso; se recurre a la urgente ocupación del suelo al permitir “reducir considerablemente” el tiempo necesario para disponer del suelo expropiado.
Sin embargo, Obras Públicas, denunció González, ha optado por la vía ordinaria. Este trámite conlleva que, tras la tercera publicación y “falta uno” porque la del pasado lunes fue la segunda, tal y como precisó; transcurran 20 días hábiles (un mes natural) para presentar las alegaciones. Analizadas las mismas, comienzan las negociaciones con los titulares de los terrenos para fijar el justiprecio, es decir, el importe final fijado como indemnización por la expropiación.
Si hay acuerdo en el justiprecio, agregó la portavoz de NC, la consejería, primero, deberá abonar el dinero acordado para tener a disposición el suelo. Pero si alguno de los propietarios “no está de acuerdo” recurrirá en vía administrativa y, a continuación, acudirá a la justicia al contencioso-administrativo, si persisten las discrepancias. Esther González afirmó que la resolución definitiva sólo del procedimiento judicial durará años.
En cualquiera de los casos, y aunque el trámite sea el más ágil, es decir, sin recursos en los tribunales, la diputada de los nacionalistas de izquierdas precisó que las expropiaciones estarán terminadas en unos seis meses como mínimo, es decir, “hasta el próximo mes de julio o avanzado el próximo verano, el Gobierno canario no dispondrá del suelo”.
Después se pone en marcha el proceso de licitación, que implica la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Unión Europea y en el de Canarias, previa preparación y aprobación del pliego de condiciones; para continuar con la evaluación de las propuestas admitidas y llegar a la adjudicación final. “Meses y meses de trabajo, con lo que este año no se adjudica la segunda fase de La Aldea a Agaete y ya veremos si se llega antes de que se termine la Legislatura cuando se convoquen las elecciones de mayo de 2019”, advirtió Esther González.
